Human Right Watch (HRW) y los Centros de Salud Pública y Derechos Humanos de la Universidad Johns Hopkins han presentado este martes un informe en el que reclaman a la comunidad internacional ayuda humanitaria urgente para que Venezuela pueda hacer frente a la pandemia de la COVID-19.

A día de hoy se han registrado oficialmente 1.121 contagios y 10 muertos por el nuevo coronavirus, pero según la ONG la cifra real debe ser mucho mayor debido a la escasa disponibilidad de pruebas fiables, la falta de transparencia de la administración e incluso “la persecución contra profesionales de la salud y periodistas que cuestionan la versión oficial”.

“Estamos ante una situación gravísima. La falta de agua en hospitales ya era un enorme problema para el colapsado sistema de salud venezolano antes de la pandemia. Ahora, los médicos no tienen agua para lavarse las manos, que es una de las medidas básicas para prevenir el contagio”, explicó en una videconferencia José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.

A su juicio, “las autoridades, fieles a lo que se hace en dictadura, se preocupan más por ocultar cifras y perseguir a quienes denuncian la realidad en el país, incluyendo médicos y periodistas, que en contener la pandemia. Lo cierto es que no sabemos cuántos casos hay en realidad, pero sí sabemos que en el contexto que documentamos, es imposible que sean los 1.000 casos que sostienen las autoridades”.

“La vida de muchos venezolanos depende de que el secretario general de la ONU lidere una respuesta humanitaria urgente y a gran escala y de que las democracias preocupadas por Venezuela prioricen presionar a Nicolás Maduro, el principal responsable, para que permita el acceso de esta respuesta humanitaria”, demandó.

Por su parte, la doctora Katheleen Page, profesora de la facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, aseguró que “la imposibilidad de Venezuela para hacer frente a la pandemia de la COVID-19 podría provocar que más personas intenten huir del país, lo que desbordaría aún más los sistemas de salud de los países vecinos, poniendo en peligro más ampliamente la salud en la región”.

Además de pedir a la ONU que lidere, bajo la cooperación internacional, una respuesta humanitaria urgente y a gran escala, en este documento se pide que el resto de países presionen a Venezuela para que permita el pleno acceso del Programa Mundial de Alimentos de la ONU y sus socios, posibiliten que los trabajadores humanitarios locales e internacionales brinden asistencia humanitaria y tengan acceso a todos los hospitales y centros de salud para proveer insumos y asistencia.

También se requiere que se permita a los profesionales de la salud y a los trabajadores humanitarios realizar su trabajo sin represalias y cerciorarse de que puedan desplazarse libremente por toda Venezuela, incluso durante la cuarentena, emitiendo salvoconductos y asegurando que tengan un acceso prioritario a la gasolina.

Asimismo, el informe reclama que se autorice a expertos independientes revisar y publicar toda la información epidemiológica existente para lograr una mayor transparencia sobre la verdadera magnitud de la emergencia humanitaria.

También se hace un ruego directo a EEUU para asegurar que nadie será penalizado por financiar o proveer asistencia humanitaria a Venezuela en este periodo de crisis de salud pública, establecer procedimientos para que las empresas y las organizaciones puedan enviar esa ayuda sin controles excesivamente burocráticos ni demoras innecesaria y apoyar activamente un “esfuerzo humanitario robusto” liderado por la ONU en el país.

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