La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró inadmisible una solicitud de avocamiento interpuesta por la defensa privada de Kristina Antonorsi Quintero, acusada de participar en un esquema de delincuencia organizada que causó un millonario fraude patrimonial a Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
A través del recurso, los abogados de Antonorsi buscaban su liberación inmediata al argumentar que ha permanecido privada de libertad por más de dos años sin una sentencia firme, sobrepasando el límite establecido en el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP).
La controversia por los plazos y la solicitud de prisión
Según la defensa, Antonorsi fue detenida el 9 de octubre de 2022. El 14 de octubre de 2024, tras cumplirse el lapso de dos años, solicitaron al Tribunal 1° de Juicio con competencia en Terrorismo su libertad sin restricciones, ya que el Ministerio Público no había solicitado prórroga.
Sin embargo, el tribunal antiterrorista rechazó el pedimento el 30 de octubre de 2024, decisión respaldada por la Corte de Apelaciones el 30 de enero de 2025.
Ante la Sala Penal, la defensa denunció que la Fiscalía incurrió en un presunto fraude procesal:
- Extemporaneidad: El Ministerio Público habría entregado la solicitud de prórroga el 28 de octubre de 2024 (según el sello húmedo), pero la fechó con el 4 de octubre para simular que estaba dentro del lapso legal.
- Falta de prórroga a tiempo: Los abogados sostienen que la solicitud se presentó con 17 días de retraso respecto a la fecha requerida.
La postura de la Sala Penal del TSJ
Ante la denuncia, los magistrados recordaron que el cumplimiento de los lapsos procesales representa «una garantía medular del derecho al debido proceso». Asimismo, señalaron que la alteración de fechas o el relajamiento de plazos fiscales «podría configurar una irregularidad de orden público».
Pese a este señalamiento sobre la actuación del Ministerio Público, la Sala Penal declaró inadmisible el recurso, argumentando una razón procedimental: el avocamiento no es la vía idónea para realizar la verificación fáctica de actas o sellos procesales.
El alcance del fraude contra Pdvsa
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, Antonorsi Quintero forma parte de una red de delincuencia organizada que comercializó ilícitamente crudo asignado por la estatal petrolera.
- Daño patrimonial: Se le atribuye un perjuicio económico por € 33.218.305,70 en perjuicio de la empresa Arcos Services Ecuador, dinero correspondiente a la venta de cerca de un millón de barriles de petróleo que debió ingresarse a Pdvsa.
- Modus operandi: La acusada actuó como intermediaria para colocar el hidrocarburo en China mediante la firma Aetos Shipping, ofertando dos buques para transportar 1.900.000 barriles, de los cuales solo se cargó uno.
Manuel Arends