El gobierno peruano negó la entrada a los funcionarios chavistas, a quienes deportaron tres horas después de su llegada a la ciudad de Lima, en donde participarían en la Cumbre Judicial Iberoamericana.
Las autoridades de Perú alegaron antes de deportarlos que se trataba de una serie de “restricciones de tipo migratorio, ordenadas por el gobierno peruano”.
Las acciones se producen después de que un grupo de países pertenecientes al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tiar), se comprometieron a no permitir el acceso a los funcionarios o personas que estén vinculadas con el régimen chavista.
Indira Alfonzo y Arcadio Delgado Rosales son parte de los magistrados que se encuentran sancionados por Canadá y Estados Unidos. A 12 de ellos solo les revocaron la visa estadounidense; los otros 18 no solo se quedaron sin visa, sino que sus cuentas y propiedades en Estados Unidos, Suiza, Unión Europea, Panamá y Canadá, fueron bloqueadas