La defensa de José Gregorio González Villarroel, conocido como «Mingui» o «El Brujo», cuestiona el procedimiento que terminó con su detención por presunta violación de una zona de seguridad y hurto de material estratégico. Su abogado pide a la Fiscalía revisar un video que, según denuncia, habría sido grabado por uno de los funcionarios actuantes.
Lo que comenzó como una noche de bolas criollas, cervezas y caminata de regreso a casa terminó en un procedimiento policial que ahora genera interrogantes en el municipio Lagunillas, estado Zulia.
José Gregorio González Villarroel, conocido entre sus compañeros de juego como «Mingui» o «El Brujo», fue detenido luego de que presuntamente se quedara dormido sobre unas tuberías cuando regresaba a su residencia, ubicada en el sector Pichincha, tras compartir con integrantes de su equipo deportivo en Campo Grande.
Según el relato de Edixon González, abogado y capitán del equipo Los Cerveceros de Lagunillas, el encuentro deportivo se prolongó hasta cerca de la medianoche del 3 de octubre. Posteriormente, varios compañeros compartieron bebidas alcohólicas en un establecimiento cercano, cuyo horario de funcionamiento —según su versión— se extendía hasta las 2:30 o 3:00 de la madrugada.
Al terminar, José Gregorio habría emprendido a pie el camino hacia su casa. El abogado reconoció que su compañero se encontraba en estado de embriaguez. Lo que cuestiona es cómo esa situación terminó vinculada con delitos de naturaleza mucho más grave.
De una noche de juego a una detención por material estratégico
De acuerdo con la denuncia, personal de la Dirección de Seguridad Integral (DSI) de Petróleos de Venezuela (PDVSA) abordó a González y posteriormente lo trasladó a un comando de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), donde quedó detenido.
El caso tomó otro rumbo cuando, según Edixon González, al detenido le imputaron los presuntos delitos de violación de una zona de seguridad y hurto de material estratégico en la estación eléctrica T4.
La defensa considera necesario esclarecer las circunstancias de la aprehensión y determinar qué elementos vinculan al ciudadano con los delitos que se le atribuyen.
«Nunca había tenido problemas legales de ningún tipo», sostuvo el abogado al explicar por qué sus compañeros decidieron pronunciarse y solicitar que se revisen las actuaciones.
La pregunta que queda sobre la mesa es concreta: ¿Qué ocurrió realmente aquella madrugada y cuáles son las pruebas que sustentan las imputaciones contra González Villarroel?
No basta con señalar que una persona fue encontrada en las inmediaciones de una instalación o sobre unas tuberías. Si existen elementos que la vinculan con un delito, corresponde a las autoridades presentarlos y sustentarlos conforme a la ley. Si hay pruebas que contradicen esa hipótesis, también deben ser examinadas.
Un video bajo la lupa de la Fiscalía
Uno de los elementos que la defensa considera relevantes es un video que, según el abogado, habría sido grabado por uno de los propios funcionarios que participó en el procedimiento.
Edixon González anunció que consignarán ese material audiovisual, junto con testimonios de los compañeros que participaron en el encuentro de bolas criollas, para que la Fiscalía 44 del Ministerio Público evalúe las circunstancias de la detención.
El abogado hizo un llamado a la fiscal encargada del caso para que no se limite a revisar las evidencias que puedan incriminar a su representado, sino que también considere aquellas que puedan favorecerlo.
«Que reúna no solo los elementos de convicción que lo inculpen, sino también aquellos que lo exculpen», pidió.
La solicitud plantea una exigencia básica para cualquier investigación penal: examinar las pruebas de manera integral, sin dar por demostrada la culpabilidad de una persona antes de que se esclarezcan los hechos.
El contenido del supuesto video, sin embargo, no ha sido descrito ni verificado de manera independiente. Por tanto, será la revisión del material y su contraste con otros elementos de la investigación lo que permita establecer su verdadero alcance.
¿Camino habitual o zona restringida?
Otro aspecto señalado por los denunciantes es que algunos habitantes de los campos petroleros utilizan desde hace años distintas rutas para desplazarse entre Campo Rojo y Pichincha.
Entre los pasos mencionados figuran unas tuberías situadas en una zanja frente al Instituto San José y una vía próxima a la iglesia Santa Rosa de Lima, en Lagunillas.
La defensa sostiene que esos trayectos son utilizados por residentes de la zona para acortar camino. Sin embargo, que una ruta sea habitual no significa automáticamente que esté autorizada ni que deje de estar sujeta a restricciones de seguridad.
Por eso, corresponde aclarar si el lugar donde fue abordado González está debidamente delimitado como zona de seguridad, qué prohibiciones rigen allí y cuáles fueron las circunstancias concretas que motivaron la actuación de la DSI-PDVSA.
También debe determinarse si hubo sustracción de material estratégico y qué evidencias respaldan esa imputación. Hasta ahora, la versión de la defensa no permite concluir por sí sola que el procedimiento haya sido ilegal, del mismo modo que la detención no demuestra la culpabilidad del ciudadano.
La ley debe aclarar lo ocurrido
El caso de José Gregorio González requiere respuestas documentadas, no especulaciones ni condenas anticipadas.
Si los funcionarios actuaron conforme a sus competencias y encontraron elementos suficientes para proceder, corresponde que estos sean incorporados a la investigación y examinados por las autoridades judiciales. Si hubo irregularidades, también deben determinarse las responsabilidades correspondientes.
La DSI-PDVSA y los organismos involucrados tienen la oportunidad de aclarar las circunstancias del procedimiento, mientras que la Fiscalía debe valorar tanto las pruebas de cargo como las que presente la defensa.
Porque una cosa es investigar un posible delito contra una instalación estratégica y otra muy distinta es dar por culpable a un ciudadano sin esclarecer los hechos.
En Lagunillas, la pregunta no es si alguien tomó de más después de jugar bolas criollas. La pregunta es si la detención y las imputaciones están respaldadas por pruebas suficientes y si el procedimiento se ajustó a la ley. Eso es precisamente lo que debe aclararse.
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