Un memorando confidencial del Departamento de Justicia de Estados Unidos, fechado el 23 de diciembre de 2025 y dirigido al Consejo de Seguridad Nacional (NSC), concluyó que el presidente estadounidense podía autorizar legalmente una operación militar limitada para capturar a Nicolás Maduro en Venezuela, sin violar la Constitución ni el derecho internacional, siempre que se cumplieran condiciones estrictas de proporcionalidad, alcance y duración.
El análisis fue elaborado por la Oficina de Asesoría Legal (OLC) semanas antes de la captura de Maduro, ocurrida el 3 de enero, y sostiene que el mandatario contaba con base jurídica suficiente para ordenar el uso restringido de fuerzas militares con el objetivo de detener al líder venezolano y trasladarlo a Estados Unidos para su procesamiento judicial.
“No todo uso de la fuerza constituye una guerra”
El documento subraya que el plan no equivalía a una campaña bélica, por lo que no alcanzaba el umbral constitucional de guerra que obligaría a solicitar autorización previa del Congreso.
“No todo uso de la fuerza militar constituye una guerra en el sentido constitucional”, afirma el memorando.
Según la OLC, el presidente no necesitaba aval legislativo si determinaba que Maduro representaba una amenaza grave y directa para los intereses nacionales de Estados Unidos, siempre que la intervención fuera limitada, puntual y sin ocupación territorial.
Apoyo a una acción de aplicación de la ley, no una invasión
El memorando recalca que el despliegue militar debía encuadrarse como apoyo a una acción de aplicación de la ley, y no como una invasión ni una operación militar sostenida. Bajo este marco, el uso de la fuerza se consideraba legítimo para proteger intereses vitales estadounidenses y responder a amenazas atribuibles directamente a Maduro.
Uno de los puntos centrales del texto es que la operación debía estar exclusivamente orientada a la captura y traslado, evitando cualquier objetivo adicional.
“La operación debe estar diseñada para capturar a Maduro y no para matarlo”, enfatiza el documento.
Soberanía venezolana y “rendición extraordinaria”
El análisis legal rechaza que la intervención constituyera automáticamente una violación inadmisible de la soberanía venezolana, siempre que su único propósito fuera la detención del mandatario para su enjuiciamiento en tribunales federales estadounidenses.
El memorando aclara que la figura jurídica clave no sería la extradición, sino la “rendición extraordinaria”, un mecanismo que permite el traslado forzoso de un acusado sin proceso judicial local. Esta práctica se apoya en el principio Ker-Frisbie, que autoriza el juzgamiento en EE. UU. de personas capturadas por la fuerza en el extranjero, salvo prohibiciones expresas en tratados internacionales.
Acusaciones y riesgos regionales
La OLC fundamenta su posición en la peligrosidad atribuida a Maduro, a quien se señala por narcotráfico, vínculos con organizaciones armadas extranjeras como las FARC y Hezbollah, y un endurecimiento de la represión tras las elecciones de 2024.
No obstante, el documento advierte sobre riesgos significativos, incluyendo desestabilización regional, represalias de aliados internacionales de Maduro y su negativa a abandonar el poder voluntariamente, según informes de inteligencia.
El plan operativo: Fuerte Tiuna y fuerzas especiales
En el plano operativo, el memorando analiza un asalto quirúrgico en Fuerte Tiuna, el principal complejo militar de Caracas, donde Maduro solía resguardarse. El plan contemplaba:
- Despliegue de fuerzas especiales en helicópteros
- Apoyo aéreo para neutralizar defensas antiaéreas
- Sabotaje eléctrico para reducir la capacidad de respuesta
El objetivo era maximizar el factor sorpresa y minimizar bajas, anticipando resistencia de los cuerpos de seguridad leales al mandatario, algo que —según el análisis— efectivamente ocurrió.
El texto también advierte que durante el operativo podía estar presente Cilia Flores, esposa de Maduro, descrita como “más agresiva y combativa que su marido”.
Advertencia final: legal no significa sin consecuencias
El memorando reconoce posibles escaladas militares, consecuencias diplomáticas adversas y fracturas en organismos multilaterales respecto a la legitimidad de la operación. También subraya la incertidumbre sobre la reacción de la cúpula militar venezolana.
Finalmente, la OLC aclara que su evaluación es estrictamente jurídica, sin considerar impactos de política exterior ni estabilidad interna.
“Que el presidente pueda autorizar legalmente la operación no elimina las consecuencias políticas e internacionales sustanciales que podrían derivarse”, concluye el documento.
mayrethc