El presidente venezolano Nicolás Maduro prepara una nueva batalla judicial en Estados Unidos. Su defensa tiene previsto presentar este miércoles mociones para solicitar el sobreseimiento de la causa penal por presunto tráfico de drogas, bajo argumentos de inmunidad como jefe de Estado y cuestionamientos sobre la forma en que fue capturado y trasladado a territorio estadounidense.
Maduro, de 63 años, se ha declarado no culpable de los cargos. Su abogado, Barry Pollack, sostiene que el mandatario venezolano goza de inmunidad frente al procesamiento y ha cuestionado la operación militar estadounidense mediante la cual Maduro fue capturado durante una redada ejecutada el pasado 3 de enero en Venezuela.
La solicitud enfrentará, sin embargo, un escenario adverso. Seis expertos estadounidenses en derecho internacional y defensa penal consultados por Reuters señalaron que los precedentes judiciales en casos similares favorecen, en principio, la posición de los fiscales.
El caso está en manos del juez federal de distrito Alvin Hellerstein, con sede en Manhattan.
La inmunidad de Maduro, en el centro de la disputa
Uno de los principales argumentos de la defensa será que los jefes de Estado en ejercicio cuentan, como regla general, con protección frente a procesos judiciales en tribunales extranjeros.
La controversia pasa, en buena medida, por determinar si Maduro puede ser considerado jefe de Estado a efectos de la inmunidad. Estados Unidos dejó de reconocerlo como presidente de Venezuela en 2019 y los tribunales estadounidenses suelen otorgar un amplio margen de deferencia al Poder Ejecutivo en cuestiones relacionadas con el reconocimiento de gobiernos extranjeros.
Chimène Keitner, profesora de Derecho de la Universidad de California, Davis, y exabogada del Departamento de Estado, explicó que en los pocos casos en los que esta cuestión ha llegado a los tribunales estadounidenses, los jueces han tendido a considerar la decisión del Ejecutivo sobre el reconocimiento de un gobierno como determinante para establecer la inmunidad.
La posición de Venezuela podría convertirse en otro elemento de la disputa. El gobierno encabezado actualmente por Delcy Rodríguez ha descrito a Maduro como el presidente legítimo del país y ha exigido su regreso.
El antecedente de Manuel Noriega
Los fiscales cuentan con un precedente especialmente relevante: el caso del exdictador panameño Manuel Noriega, quien intentó invocar su condición de jefe de Estado después de ser capturado por tropas estadounidenses y trasladado a Miami para enfrentar cargos relacionados con narcotráfico.
En 1990, un juez federal rechazó su argumento de inmunidad, entre otras razones, porque Noriega no había ostentado formalmente el cargo de presidente.
Los tribunales de apelación posteriormente confirmaron esa decisión. Entre los elementos considerados estuvo el hecho de que Panamá no había reclamado inmunidad para Noriega.
La captura de Maduro también será cuestionada
La defensa también podría sostener que el proceso debe ser desestimado debido a que la captura de Maduro habría vulnerado el tratado de extradición entre Estados Unidos y Venezuela, que establece procedimientos formales para la entrega de personas requeridas por la justicia.
Sin embargo, la jurisprudencia estadounidense ha establecido durante décadas que una captura irregular en el extranjero no necesariamente impide que una persona sea juzgada en Estados Unidos.
Esta doctrina se remonta a un caso de 1886, relacionado con un cajero bancario de Chicago que había huido a Perú después de robar a su empleador. El hombre fue capturado por un detective privado y llevado de regreso a Estados Unidos.
La Corte Suprema rechazó entonces el argumento de que su procesamiento debía anularse porque la captura no había seguido los mecanismos establecidos en el tratado de extradición entre ambos países.
El Departamento de Justicia volvió a citar ese precedente en un memorando de diciembre de 2025 dirigido al Consejo de Seguridad Nacional de la administración de Donald Trump. El documento sostuvo que el carácter forzoso de la operación para capturar a Maduro no impediría necesariamente su procesamiento penal.
La doctrina de «male captus, bene detentus»
El principio es conocido por la expresión latina «male captus, bene detentus», que puede traducirse como «capturado ilícitamente, detenido lícitamente».
La Corte Suprema volvió a respaldar esta doctrina en 1992, cuando rechazó el intento de un médico mexicano de desestimar cargos relacionados con narcotráfico después de haber sido secuestrado en México y trasladado a Estados Unidos por personas que actuaban para la DEA.
Para los fiscales, estos precedentes representan un importante obstáculo para que la defensa de Maduro consiga la desestimación de los cargos únicamente con base en la forma en que fue capturado.
No obstante, el debate plantea una cuestión diplomática adicional. Gary Lincenberg, socio del despacho Bird Marella y exabogado del Departamento de Justicia, advirtió que recurrir a mecanismos de captura que eviten los procedimientos de extradición puede afectar las relaciones entre países, aunque ello no necesariamente implique el fracaso de un proceso penal en Estados Unidos.
La decisión final corresponderá al juez Hellerstein, quien deberá evaluar tanto los argumentos sobre inmunidad soberana como los cuestionamientos relacionados con la captura y el tratado de extradición.