Este 25 de abril de 2026 fue liberado el abogado penalista Noé David Estrada Chacín, luego de permanecer más de un año detenido en los calabozos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en el municipio San Francisco, estado Zulia.
Estrada Chacín, oriundo de Ciudad Ojeda, municipio Lagunillas, es egresado de La Universidad del Zulia (LUZ) y cuenta con trayectoria como exinspector de tribunales y exalguacil.
Durante su detención, familiares y allegados, desde Ciudad Ojeda, mantuvieron una campaña constante solicitando su liberación, mediante denuncias públicas, difusión de videos y comunicaciones dirigidas a la Fiscalía General de la República y al Tribunal Supremo de Justicia.
Detención marcada por presunta confusión
De acuerdo con lo expuesto por sus familiares, el jurista fue detenido por organismos de seguridad del Estado y posteriormente presentado ante el Ministerio Público por los presuntos delitos de extorsión y agavillamiento. Sin embargo, sostienen que su implicación en el caso se debió a una confusión.
Según esta versión, la presunta víctima del hecho declaró ante el Ministerio Público que no conocía a Estrada Chacín y que su nombre surgió únicamente como referencia profesional para prestar servicios legales. A pesar de que esta situación habría sido aclarada en instancias judiciales, la orden de excarcelación no se emitía.
Asimismo, se conoció que el abogado había sido contratado por un tercero para ejercer funciones legales, recibiendo honorarios por ello, lo que posteriormente lo vinculó al caso que derivó en su detención.
Un año de espera por la libertad
Durante más de 12 meses, familiares denunciaron retrasos procesales y solicitaron la revisión del caso, insistiendo en la inocencia del profesional del derecho. Finalmente, este 25 de abril se concretó su liberación.
Estrada Chacín ya se encuentra junto a su familia, poniendo fin a un proceso que sus allegados calificaron como injusto y marcado por irregularidades.
El caso reabre el debate sobre la administración de justicia y los tiempos procesales en Venezuela, especialmente en situaciones donde existen elementos que apuntan a posibles errores o confusiones en la imputación de delitos.
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