El Ministerio de Interior y Justicia (MIJ) de Venezuela anunció oficialmente este 31 de octubre que solicitó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el retiro de la nacionalidad al dirigente opositor Yon Goicoechea, tras acusarlo de promover públicamente una intervención militar extranjera en el país.
De acuerdo con el comunicado difundido por el MIJ, la petición fue presentada “en razón al llamado público realizado por el referido individuo a solicitar y cooperar con fuerzas extranjeras para la invasión y ocupación militar de Venezuela”.
El documento agrega que, de aprobarse la solicitud, la Cancillería venezolana y el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) procederán a ejecutar las medidas administrativas correspondientes para “eliminar todo documento que lo identifique como ciudadano venezolano”.
El origen del conflicto: declaraciones de Yon Goicoechea
La acción del Gobierno ocurre pocos días después de que Yon Goicoechea, abogado y político opositor, publicara un video en sus redes sociales donde pidió a Estados Unidos “mantener una presencia militar temporal en Venezuela”.
En el material audiovisual, el dirigente afirma que “Estados Unidos debe permanecer en Venezuela, ocupando militarmente el territorio durante una temporada” como parte de un supuesto plan para garantizar la estabilidad democrática y el orden institucional.
Goicoechea también propuso la creación de una entidad transitoria con participación internacional que, junto con las autoridades estadounidenses, asegure una “mínima estabilidad y seguridad” en el país mientras se ejecutan procesos de transición política.
Sus declaraciones fueron calificadas por el Ejecutivo nacional como un “acto de traición a la patria”, según fuentes vinculadas al Ministerio de Comunicación e Información.
Medidas del Ministerio de Interior y Justicia
El Ministerio de Interior y Justicia, en coordinación con la Cancillería y el Saime, anunció que tomará medidas inmediatas para anular los documentos de identidad de Yon Goicoechea, en caso de que el Tribunal Supremo de Justicia confirme el retiro de su nacionalidad.
“De acuerdo con lo establecido en la legislación venezolana, ningún ciudadano podrá mantener la nacionalidad si incurre en actos de cooperación o apoyo con potencias extranjeras que atenten contra la soberanía nacional”, señala el comunicado oficial.
El documento también advierte que esta medida podría extenderse a otros dirigentes que promuevan públicamente acciones de injerencia extranjera en el territorio venezolano.
Reacciones en el ámbito político
La decisión ha generado reacciones encontradas entre figuras políticas, analistas y organizaciones defensoras de derechos humanos.
Sectores afines al Gobierno consideran que el planteamiento de Goicoechea constituye una violación a la Constitución, la cual prohíbe expresamente solicitar intervención militar extranjera.
“Llamar a una ocupación militar es un delito de lesa patria. Las instituciones deben actuar con firmeza para defender la soberanía”, expresó el diputado oficialista Pedro Infante en declaraciones a medios locales.
Por su parte, dirigentes de la oposición denunciaron que la medida forma parte de una nueva ola de persecución política contra voces críticas al Gobierno.
“Retirar la nacionalidad a un ciudadano por sus opiniones es un acto autoritario que viola derechos fundamentales”, afirmó el exalcalde metropolitano Antonio Ledezma, quien también vive en el exilio.
Un segundo caso en menos de una semana
El retiro de la nacionalidad a Yon Goicoechea no es un hecho aislado. Apenas unos días antes, el presidente Nicolás Maduro solicitó al TSJ aplicar una medida similar contra el dirigente Leopoldo López, a quien acusó de realizar un “grotesco, criminal e ilegal llamado a la invasión militar de Venezuela”.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez confirmó el 25 de octubre, a través de un comunicado en Telegram, que el jefe de Estado presentó ante el TSJ un recurso formal para retirar la nacionalidad venezolana a López, alegando su supuesta “promoción permanente del bloqueo económico y sanciones internacionales” contra el país.
Estos dos casos marcan un precedente sin parangón en la política venezolana reciente, al ser las primeras solicitudes públicas del Ejecutivo para despojar de su nacionalidad a opositores bajo el argumento de defensa de la soberanía.
Antecedentes de Yon Goicoechea
Yon Goicoechea es un abogado y político venezolano, conocido por su participación en el movimiento estudiantil de 2007 que se opuso a la reforma constitucional impulsada por el entonces presidente Hugo Chávez.
En 2008, recibió el Premio Milton Friedman para el Avance de la Libertad, otorgado por el Instituto Cato, en reconocimiento a su activismo en favor de la democracia y los derechos civiles.
Posteriormente, fue detenido en 2016 por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), acusado de presuntamente portar explosivos. Permaneció encarcelado durante varios meses y fue liberado bajo medidas cautelares.
En los últimos años, ha mantenido una postura crítica hacia el Gobierno de Nicolás Maduro y ha participado en diversas iniciativas de la oposición democrática.
Expertos advierten implicaciones legales
Juristas y especialistas en derecho constitucional señalan que retirar la nacionalidad venezolana a un ciudadano por motivos políticos podría contravenir tratados internacionales suscritos por el Estado.
“La Constitución venezolana establece que la nacionalidad es irrenunciable y que solo puede ser retirada en casos muy específicos, como la obtención fraudulenta de documentos. No puede usarse como castigo político”, explicó el abogado constitucionalista José Vicente Haro.
Organizaciones como Provea y Amnistía Internacional también manifestaron su preocupación, alertando que esta medida podría representar una violación al derecho a la nacionalidad y a la libertad de expresión.
Un contexto de creciente tensión política
El anuncio del MIJ se produce en un clima de alta tensión política en Venezuela, donde las relaciones entre el Gobierno y la oposición se han deteriorado tras el fin de los procesos de diálogo auspiciados por Noruega.
En las últimas semanas, varios dirigentes opositores han denunciado vigilancia, citaciones judiciales y restricciones migratorias, lo que algunos analistas interpretan como una estrategia de control político previo a las elecciones legislativas de 2026.
“Estas medidas buscan enviar un mensaje de fuerza y control interno, al tiempo que disuaden a otros líderes de emitir opiniones o llamados que el Gobierno considere desestabilizadores”, afirmó el politólogo Luis Salamanca.
Conclusión: un caso que marca precedente
La solicitud de retiro de la nacionalidad a Yon Goicoechea abre un nuevo capítulo en la confrontación entre el Gobierno y la oposición venezolana.
Mientras el TSJ evalúa la petición formal del Ministerio de Interior y Justicia, diversos sectores de la sociedad civil insisten en que el derecho a la nacionalidad no debe usarse como instrumento de coerción política.
A la espera de una decisión judicial, el caso de Goicoechea —sumado al de Leopoldo López— podría sentar un precedente legal y político sobre el alcance de las medidas del Estado frente a figuras disidentes en Venezuela.
Por ahora, el país sigue dividido entre quienes apoyan la medida como defensa de la soberanía nacional y quienes la consideran una acción arbitraria contraria a los principios democráticos.