El viernes 6 de octubre, el Gobierno de Estados Unidos anunció que los primeros vuelos de deportación comenzarán en los próximos días.
Estas deportaciones afectarán a migrantes venezolanos que entraron después del 31 de julio o que siguen entrando en la frontera actualmente y que no tienen bases legales para quedarse en Estados Unidos y tienen órdenes finales de deportación.
El subsecretario de Frontera e Inmigración, Blas Nuñez-Neto, afirmó que ya se han identificado individuos en centros de detención que serán repatriados en el primer vuelo.
Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, enfatizó que aquellos venezolanos que llegaron después del 31 de julio de 2023 no son elegibles para el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) y serán expulsados cuando se descubra que no tienen una base legal para permanecer en Estados Unidos.
Los venezolanos que llegaron antes de esa fecha sí pueden acogerse al nuevo TPS que anunció el Gobierno el 20 de septiembre, el cual, junto al TPS anterior que fue extendido por 18 meses más, podría beneficiar a 472,000 migrantes. El TPS ofrece protección contra la remoción cuando las condiciones en el país de origen impiden un regreso seguro.
Al anunciarlo, Mayorkas dijo que «ofrece a las personas que ya se encuentran en Estados Unidos protección contra la remoción cuando las condiciones en su país de origen impiden su regreso seguro».
Aunque el Gobierno de Estados Unidos no ha explicado qué ha cambiado en Venezuela para convertirlo en un territorio seguro para deportar a migrantes, el presidente Nicolás Maduro anunció un programa de «vuelta a la patria» para la repatriación ordenada, segura y legal de los migrantes devueltos.
Sin embargo, aquellos que puedan demostrar que han recibido amenazas directas en su país o que su retorno supone un peligro para su vida no estarán sometidos a este plan de deportación.
Defensores de derechos humanos han criticado duramente esta decisión, argumentando que Venezuela atraviesa una grave crisis humanitaria, económica y política.
Organizaciones como WOLA y Human Rights Watch han expresado su preocupación por el riesgo que enfrentan los venezolanos al ser deportados.