Dos años y medio lleva privado de libertad el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera del Orinoco, uno de los más robustos del país y que el trabajador del acero ha dirigido con temple de hierro, siempre en defensa de los ingresos y demás beneficios de la clase obrera, por más de dos décadas.
El caso de Rubén González es uno de los que mejor ilustran lo paradójico de los gobiernos chavistas, que dicen estar a favor de los trabajadores, pero en sus manos se han perdido los contratos colectivos y el poder adquisitivo del salario y se ha desmantelado prácticamente el movimiento sindical.
Pero no es solo al trabajador metalúrgico, de 61 años, a quien se le violan los DDHH y se le coloca tras las rejas por manifestarse en contra de las políticas del mandatario Nicolás Maduro, la familia ha sido objeto también de la saña por parte de los cuerpos represores del Gobierno, como relata la esposa de Rubén González, Yadid Córdoba.
Yadid Rojas ha acompañado las luchas de su marido desde hace más de 43 años y quien detalla las dificultades y la persecución que ha vivido su familia en este lapso donde el dirigente ha estado tras las rejas.
Ninguna consideración para familia
“Se lo llevaron a él preso, pero arremetieron contra todos mis hijos. A mi hija mayor le allanaron la casa, su esposo y mi hijo varón tienen orden de captura; a ellos los despidieron de sus trabajos y ellos vivían de su salario.
Les ha tocado difícil, la empresa dejó de pagar hasta el colegio de los niños, no tuvieron la menor consideración, dos de ellos perdieron el año escolar”, relató Yadid Córdoba.
Coronavirus agravó situación de González
Fue el 29 de noviembre de 2018, cuando Rubén González fue detenido en una alcabala de la ciudad de Anaco, estado Anzoátegui, por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Aunque es un civil, lo juzgó el Tribunal Militar Décimo Quinto de Control de Maturín, estado Monagas, y le condenó a cinco años y nueve meses de prisión.
Al momento de su aprehensión, González regresaba de participar en Caracas de una manifestación en protesta por el incumplimiento de los contratos colectivos y por el irrespeto a las tablas salariales. A pesar de que su condena fue de menos de ocho años, se le dejó igualmente encarcelado.
“Nosotros viajábamos el fin de semana, que es cuando tiene visita. Ese fin de semana antes de la cuarentena lo visitamos y él se estaba sintiendo mal. Tenía gripe y mucha fiebre. Luego perdimos comunicación con él porque no tiene teléfono.
El miércoles 15 de abril volvimos a tener contacto con él cuando del centro penitenciario nos llamaron, dijeron que estaban preocupados por su salud, y nos pidieron que buscáramos un centro médico en Maturín, que lo iban a trasladar ya que no tenían recursos para atenderlo, llamó un mayor asistente del director del penal”, contó Yadid Córdoba.
TC
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