El abogado José Luis Alcalá Rhode, exsecretario de Gobierno del Zulia y excomandante de la Policía Municipal de Maracaibo, alertó que ni la Alcaldía, ni el Concejo Municipal, ni Polimaracaibo tienen competencia legal para fijar o incrementar los montos de las multas de tránsito.
El jurista precisó que pretender cobrar sanciones de hasta 150 dólares a través de resoluciones locales constituye una usurpación de funciones del Poder Público Nacional, vulnerando los artículos 137, 141 y 156 de la Constitución (CRBV), además del marco de la Ley de Transporte Terrestre.
«Ninguna alcaldía o cámara municipal tiene la facultad de modificar la cuantía de sus cauciones. Se está cayendo en una anarquía institucional. Las multas solo pueden aplicarse bajo la Ley de Transporte Terrestre nacional», enfatizó Alcalá Rhode.
Fundamentos jurídicos y vacíos operativos
El excomisionado de seguridad recordó que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha ordenado en casos similares la devolución de fondos cobrados ilegalmente a los ciudadanos. Asimismo, señaló serias irregularidades en la operatividad de la propuesta:
- Falta de homologación: Solo los oficiales certificados en materia de tránsito por el órgano rector nacional pueden imponer sanciones viales.
- Equipos sin certificación: El control de velocidad exige cinemómetros y radares homologados por el Gobierno nacional y certificados por Sencamer.
- Riesgo de extorsión: Cuestionó la propuesta de otorgar un 10% del valor de la multa como comisión al funcionario actuante (medida que aplicaría solo a 70 de los más de 1.000 oficiales), advirtiendo que esto incentiva la colocación de multas discrecionales y daña la imagen institucional.
Denuncia por cobro de estacionamientos e interrupciones eléctricas
Alcalá Rhode denunció además el cobro indebido en divisas (de hasta $5 por vehículo) en estacionamientos de centros comerciales, cuyos administradores no cuentan con pólizas de responsabilidad civil para responder por robos o daños a los usuarios.
Finalmente, instó a la Alcaldía de Maracaibo a reorientar los esfuerzos de Polimaracaibo hacia la dirección del tráfico en las intersecciones durante los cortes eléctricos, el ordenamiento del sector motorizado y el control de sirenas y luces no autorizadas.
«No se puede buscar liquidez económica a costa del bolsillo del ciudadano mediante vías al margen del Derecho. Exhorto al burgomaestre a rectificar», concluyó.