Este lunes 03 de febrero, grupos defensores de los inmigrantes demandaron al gobierno de Estados Unidos por prohibir el acceso al asilo en la frontera sur.
La demanda alega que dichas restricciones son ilegales y ponen en peligro a personas que huyen de la guerra y la persecución.
La ACLU y otros grupos presentaron la demanda en nombre del Proyecto Florence, con sede en Arizona; Las Americas Immigrant Advocacy Center (Centro de Defensa del Inmigrante Las Américas), con sede en El Paso, y RAICES, ubicada en Texas.
La decisión del gobierno estadounidense, detallada en una de las órdenes ejecutivas relacionadas con la inmigración del presidente Donald Trump, es “tan ilegal como sin precedentes”, dijeron los grupos —encabezados por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés)— en la demanda presentada en un tribunal federal de Washington.
“El gobierno está haciendo justo lo que el Congreso por estatuto decretó que Estados Unidos no debe hacer. Está devolviendo a los solicitantes de asilo —no sólo a adultos solteros, sino también a familias— a países donde enfrentan persecución o tortura, sin permitirles invocar las protecciones que el Congreso ha proporcionado”, escribieron los abogados.
El Departamento de Seguridad Nacional indicó en un comunicado que no hace comentarios sobre legislación pendiente. La Casa Blanca defendió las acciones del presidente.
“El presidente Trump recibió un mandato contundente para poner fin al desacato y abuso de nuestras leyes de inmigración y asegurar nuestras fronteras. El gobierno de Trump continuará poniendo a los estadounidenses y a Estados Unidos primero”, manifestó Kush Desai, portavoz de la Casa Blanca.
En una orden ejecutiva, Trump declaró que la situación en la frontera sur constituye una invasión a Estados Unidos y que “suspendía la entrada física” de migrantes hasta que él decida que dicha invasión ha terminado.
La orden ejecutiva también suspendió la posibilidad de que los migrantes soliciten asilo.
En dicha orden, Trump argumentó que la Ley de Inmigración y Nacionalidad otorga a los presidentes la autoridad para suspender la entrada de cualquier grupo que consideren “perjudicial para los intereses de Estados Unidos”.
Los activistas dicen que el derecho a solicitar asilo está consagrado en la ley de inmigración del país, y que negar a los migrantes ese derecho pone en grave peligro a las personas que huyen de la guerra o la persecución.