Un grupo de ciudadanos venezolanos residenciados en Estados Unidos presentó una denuncia formal ante el Buró Federal de Investigaciones (FBI) por un presunto esquema de extorsión digital que, según aseguran, es ejecutado desde territorio estadounidense por una estructura delictiva identificada como “Banda de Extorsión Digital”.
La querella fue canalizada a través del Internet Crime Complaint Center (IC3), organismo encargado de recibir reportes relacionados con fraude, chantaje y delitos informáticos en Estados Unidos.
Señalados y alcance de la operación
De acuerdo con la denuncia, los presuntos implicados son José Alberto Pérez Villalobos (asociado a las cuentas @joseperezv24 y @joseperezv24of), Pedro Eduardo Rojas Arguello (@pedrorojas_ve) y Juan Carlos Rincón Martínez (@juancrinconm82_).
Según lo expuesto, los tres operarían desde distintos estados del país, entre ellos Florida, Texas y Georgia, manteniendo una actividad constante en redes sociales como parte de un esquema que, presuntamente, combina exposición pública, presión digital y posterior monetización.
Patrón de actuación: de la denuncia pública al cobro privado
Los denunciantes describen un patrón sistemático que inicia con la publicación de señalamientos directos en redes sociales. Posteriormente, estos contenidos son amplificados de forma sostenida, incorporando referencias a instituciones públicas y afirmaciones sobre supuesta capacidad de influencia en organismos estadounidenses.
En ese contexto, los mensajes incluirían advertencias sobre posibles consecuencias legales o migratorias, no solo dirigidas a funcionarios venezolanos, sino también a ciudadanos particulares, terceros e incluso personas con estatus legal en Estados Unidos.
Según la denuncia, tras esta fase pública se activa una segunda etapa fuera del entorno visible: terceros no identificados contactan a las presuntas víctimas con el objetivo de negociar la eliminación de contenidos o el cese de las publicaciones.
Uso de criptomonedas para pagos
El objetivo de ese contacto, siempre según los denunciantes, sería la exigencia de pagos a cambio de detener la difusión de los señalamientos. Dichas transacciones se realizarían mediante criptomonedas u otros mecanismos digitales, lo que dificultaría la trazabilidad de los fondos.
De esta manera, el esquema configuraría un circuito que integra publicación de contenido, amplificación, presión, contacto privado y cobro, consolidando un modelo de presunta extorsión digital.
Señalamientos sobre uso del sistema migratorio
Otro de los elementos clave de la denuncia es el supuesto uso irregular del sistema migratorio estadounidense. De acuerdo con la información presentada, los señalados habrían salido de Venezuela sin restricciones legales ni condición de persecución política, para luego desarrollar desde el exterior las actividades denunciadas.
En el caso de Pedro Eduardo Rojas Arguello, los denunciantes aseguran que no registra movimientos migratorios en el sistema venezolano. Por su parte, Juan Carlos Rincón Martínez figuraría aún dentro del país, mientras que José Alberto Pérez Villalobos habría salido en 2014 sin procesos judiciales pendientes.
Asimismo, sostienen que los procesos judiciales que surgieron posteriormente en Venezuela no precedieron a su salida, sino que estarían vinculados a hechos generados desde el extranjero.
Presunta replicación del esquema
La denuncia también apunta a que este modelo habría sido ofrecido como “servicio” a terceros, con la finalidad de construir narrativas similares —basadas en elementos presuntamente falsos— para sustentar solicitudes de asilo, residencia o protección migratoria en Estados Unidos.
Contexto y verificación
El caso cobra relevancia en medio del restablecimiento de canales de comunicación entre Estados Unidos y Venezuela, lo que, según los denunciantes, permitiría verificar antecedentes, contrastar información y validar datos incluidos en expedientes migratorios.
Finalmente, aseguran que gran parte de las evidencias se encuentra en contenido público disponible en redes sociales, donde —afirman— se reflejan las referencias institucionales, las declaraciones de influencia y la reiteración del patrón denunciado.
En Estados Unidos, este tipo de conductas está contemplado dentro de los delitos investigados por el FBI en materia de cibercrimen, fraude y extorsión digital, por lo que el caso quedó en manos de las autoridades competentes para su evaluación.