El presidente de Chile, José Antonio Kast, ordenó este lunes la suspensión inmediata del decreto que buscaba otorgar estatus legal a más de 182 mil migrantes, marcando un giro radical en la política migratoria del país.
La medida deja en incertidumbre a miles de extranjeros que participaron voluntariamente en el proceso de empadronamiento impulsado por el gobierno anterior, confiando en una eventual regularización que ahora queda en el limbo.
Fin de las regularizaciones masivas
El nuevo director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, fue categórico al afirmar que la actual administración no promoverá “regularizaciones masivas”.
Según explicó, la política migratoria del Ejecutivo se centrará en dos ejes fundamentales:
- Control fronterizo riguroso
- Refuerzo de la seguridad nacional
Este enfoque representa un quiebre con la gestión del expresidente Gabriel Boric, que impulsó el empadronamiento como herramienta para ordenar e integrar a la población migrante ya residente en el país.
Refuerzo militar y tecnológico en la frontera
Como parte de su primera acción en terreno, Kast se trasladó a la región de Arica para supervisar la instalación de barreras físicas en la frontera con Perú. El mandatario fijó un plazo de 90 días para completar estas obras, que abarcarán las tres regiones del norte chileno.
El plan incluye un amplio despliegue de recursos:
- Aumento de efectivos militares: refuerzo de las Fuerzas Armadas en zonas críticas
- Vigilancia tecnológica: uso de drones de alta autonomía y sensores térmicos para detectar cruces irregulares
“Chile ha sido vulnerado por el narcotráfico y el crimen organizado”, afirmó el mandatario, vinculando directamente la migración irregular con problemas de seguridad.
Aunque el país mantiene una de las tasas de homicidios más bajas de la región (5,4 por cada 100 mil habitantes), la presencia de organizaciones criminales como el Tren de Aragua ha impulsado su discurso de un “gobierno de emergencia”.
Ofensiva legislativa contra la migración irregular
En paralelo, el Ejecutivo enviará al Congreso dos proyectos de ley para endurecer el marco jurídico:
- Penalización de la facilitación del ingreso irregular: sanciones severas para quienes colaboren con el ingreso ilegal de extranjeros
- Tipificación del ingreso ilegal como delito: dejará de ser una falta administrativa para convertirse en un crimen
Estas iniciativas buscan reforzar el control estatal sobre las fronteras y disuadir los flujos migratorios irregulares.
Incertidumbre entre migrantes venezolanos
El anuncio impacta especialmente a los cerca de 337 mil venezolanos en situación irregular que residen en Chile. Para muchos, el empadronamiento representaba su última oportunidad de integración legal.
“Existe muchísima incertidumbre. Muchos confiamos en el proceso de enrolamiento y ahora sentimos que quedamos expuestos”, expresó Freymar Márquez, ciudadana venezolana, en declaraciones a AFP.
Sin redadas masivas, pero con advertencia clara
Pese al endurecimiento del discurso, Kast descartó —por ahora— la realización de redadas masivas en espacios públicos. Sin embargo, dejó un mensaje contundente: todas las personas en situación irregular deberán enfrentar eventualmente la acción de la autoridad.