En los centros penitenciarios de Lara han muerto 98 reclusos durante los últimos dos años y el 90% de los decesos están relacionados a desnutrición y tuberculosis, esta última una de las más contagiosas debido a la malnutrición de la población penitenciaria.

Durante el año 2021 murieron 39 reclusos, de esa cifra 35 murieron por enfermedades como desnutrición, tuberculosis e insuficiencia respiratoria, según los registros que maneja el diario La Prensa de Lara.

Los privados de libertad se han visto afectados por enfermedades que vulneran sus vidas debido a la falta de atención médica, hacinamiento y poco acceso a los alimentos, según denuncian de los familiares de los detenidos tanto en la Comunidad Penitenciaria Fénix-Lara, Centro Penitenciario David Viloria y calabozos policiales.

“Desde que comenzó la pandemia a muchas madres se nos ha hecho difícil traerle la comida. En los penales hay presos que son de otros estados y sus familiares no pueden traerles los alimentos”, comentó Iris Páez, hermana de un detenido.

Durante el año 2021, ocho reclusos murieron por desnutrición mientras que 22 fallecieron a causa de tuberculosis, el otro grupo por enfermedades como insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal y muertes violentas.

El Observatorio de Prisiones ha denunciado que los reos que se han contagiado con tuberculosis dentro de las cárceles se debe al elevado índice de desnutrición, que se ha acentuado durante la pandemia.

En once meses del año 2021, en Venezuela murieron 171 privados de libertad, siendo el estado Lara con más casos registrado, seguido del Zulia con 28 detenidos fallecidos por diferentes causas.

“El Estado es garante de la protección de los privados de libertad y son los responsables de llevar los alimentos a las cárceles y que ellos tengan acceso a la alimentación”, sostuvo Carolina Girón, directora del OVP.

Girón explicó que los detenidos sólo reciben una vez al día alimentos. Detalló que el 91.5% no consume proteína, mientras que el 90% no consume ni verduras ni frutas.

La directora de OVP denunció que dentro de los penales con régimen (cerrado) reina la corrupción, debido a que los pocos productos de alimentos que el Estado envía quedan en manos de los funcionarios, quienes a su vez los venden a la población penitenciaria.

A principio de año, los familiares denunciaron que supuestos funcionarios cobraban por una visita “especial” (conyugal) 50 dólares, mientras que por el ingreso de un celular la tarifa rondaba entre los 20 y 60 dólares.

Cuando ocurrió el motín, familiares denunciaron que en diciembre se dieron cuenta que algunos reclusos tenían armas de fuego.

A través de una nota de prensa, el OVP destacó que, presuntamente, el costo por tener acceso a un arma es de 100 dólares.