El canciller Félix Plasencia informó este viernes que, por instrucciones de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, Venezuela notificó oficialmente al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, su decisión «firme e irrevocable» de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar el proceso de retiro definitivo de la Corte Penal Internacional (CPI), conforme a lo establecido en el Artículo 127 del tratado.
A través de un comunicado, el Gobierno venezolano sostuvo que la actuación de la CPI responde a un «sesgo geográfico demostrado», al considerar que el tribunal ha concentrado de manera desproporcionada sus investigaciones y actuaciones en países de África y América Latina, en detrimento de otras regiones del mundo.
Según la posición oficial, este patrón evidencia una aplicación desigual de la justicia internacional, que, a juicio de Caracas, ha sido utilizada para profundizar las diferencias entre los Estados y desconocer los principios de soberanía y autodeterminación de los pueblos.
Asimismo, el Ejecutivo afirmó que este supuesto sesgo «no es una simple coincidencia procesal», sino el reflejo de una institución cuyos mecanismos han sido puestos al servicio de intereses ajenos a la justicia. En ese sentido, calificó la actuación de la Corte como una expresión de «lawfare», término utilizado para describir el presunto uso de instrumentos jurídicos con fines de persecución política.
Finalmente, el Gobierno venezolano reiteró su compromiso con una justicia internacional que considere «genuinamente equitativa», basada en el respeto a la soberanía, la igualdad entre los Estados y el derecho de los pueblos a la autodeterminación.
