Tras el ultimátum emitido por la municipalidad de Relave, en la provincia de Parinacochas, Ayacucho en Perú, cientos de venezolanos salieron del pequeño poblado peruano.
Además, el ultimátum fue respaldado por el Frente de Defensa y la asociación local AMAARPPA, la mayoría de los expulsados eran venezolanos, quienes abandonaron el lugar después de ser convocados a un retiro voluntario en un plazo de 24 horas.
El consejero por Parinacochas, Johon Huachaca, informó al medio local Jornada que una gran cantidad de extranjeros, mayoritariamente de nacionalidad venezolana, abandonaron pacíficamente las viviendas y lugares de trabajo en el centro poblado de Relave.
Según explicó, la medida, respaldada por la población, fue adoptada con el objetivo de combatir la criminalidad presuntamente vinculada a estos grupos.
“Era insostenible e incontrolable el tema de la seguridad ciudadana; a diario, la población de Relave era extorsionada y amenazada, generando zozobra. Ante ello, la población tomó la decisión de expulsarlos, sin ninguna distinción”, mencionó.
“En su mayoría, los ciudadanos extranjeros se han retirado; incluso, la población de Relave los apoyó con unidades vehiculares para que los saquen hacia la localidad de Chaca”, detalló.
Huachaca explicó que la medida adoptada se hizo para todos los más de 300 extranjeros que vivían en el lugar. Tanto niños como adultos salieron del centro poblado con dirección a otra localidad vecina.
“Lamentablemente es una decisión general. No se ha evaluado quiénes se quedan o quiénes se van, lo han generalizado en este acuerdo las autoridades y han dado su ultimátum”, añadió.
Johon Huachaca agregó que las autoridades del centro poblado de Relave pidieron a la Policía Nacional del Perú la instalación de un puesto de auxilio rápido; no obstante, hasta la fecha no han recibido respuesta.
Según el consejero por Parinacochas, los extranjeros se acentuaron en Relave desde hace aproximadamente cuatro años, durante el estado de emergencia por la pandemia de coronavirus. Actualmente había menores de nacionalidades venezolanas estudiando en los centros educativos, y muchos otros extranjeros laburando en los campos y otros oficios.
No obstante, las familias ayacuchanas comenzaron a denunciar constantes extorsiones.
Además, se estableció una multa de 3,000 soles para los vecinos que alquilen sus viviendas o cuartos a extranjeros, y el mismo monto será impuesto a las empresas que los contraten para actividades mineras.
Esta última sanción incluirá el cierre temporal de la mina por un período de quince días.