Un gran jurado federal acusó formalmente al migrante venezolano Wilber Garcés de agredir a dos agentes federales utilizando su vehículo como un arma mortal y peligrosa, un mes después de que un funcionario migratorio le disparara en la espalda durante un operativo en Austin, Texas, según documentos judiciales.
La acusación fue presentada el 20 de octubre ante la Corte Federal del Distrito Oeste de Texas y mantiene el cargo de agredir, resistir, impedir y obstruir a un funcionario federal, formulado inicialmente por la Fiscalía en septiembre. Si es declarado culpable, Garcés podría enfrentar una pena de hasta 20 años de prisión.
«Lo que podemos decir es que él niega los cargos y espera su día en la corte», declaró a la agencia EFE Fabiana Meléndez, portavoz de la abogada de inmigración del venezolano, Kate Lincoln-Goldfinch.
El nuevo documento incorpora dos cambios respecto a la denuncia inicial: identifica como presuntas víctimas a los dos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que participaron en el procedimiento y señala expresamente el vehículo como el arma presuntamente utilizada.
Sin embargo, la acusación formal no especifica a qué momento del incidente se refiere ni hace mención del disparo que hirió al venezolano.
«La herida en la espalda sigue abierta»
La abogada Lincoln-Goldfinch visitó a Garcés el martes y lo encontró en recuperación y con mejor ánimo, según informó su portavoz. No obstante, la lesión que sufrió continúa generándole complicaciones.
«La herida en la espalda sigue abierta y sangra con frecuencia», señaló Meléndez. El venezolano recibe atención médica y espera comenzar próximamente un proceso de fisioterapia.
Garcés permanece bajo custodia federal en el condado de Karnes, al sur de Texas. Mientras avanza el proceso penal, quedó en suspenso la demanda de hábeas corpus presentada por su defensa para solicitar su liberación y detener su deportación.
Versiones contradictorias sobre el tiroteo
La declaración jurada que acompañó la denuncia inicial recoge la versión de los agentes federales sobre el incidente. Según ese documento, el funcionario que disparó le comunicó por teléfono a su compañero que Garcés había intentado embestirlo con el automóvil y que, por ese motivo, había accionado su arma.
El agente que abrió fuego no llevaba cámara corporal. Su compañero sí tenía una, pero la apagó durante la persecución, después de perder de vista ambos vehículos.
Garcés ofreció una versión diferente a un investigador federal. Según su relato, la camioneta del agente impactó su automóvil y lo hizo girar. Una vez detenido, el funcionario habría disparado a través de la ventanilla trasera derecha, y el proyectil lo alcanzó en la parte superior de la espalda.
El venezolano reconoció que desobedeció la orden de salir del vehículo y que arrancó. Explicó que había pedido a los agentes que le permitieran estacionar para que su esposa pudiera recogerlo, porque sabía que iba a ser detenido.
En la denuncia inicial, el único contacto físico descrito por los agentes fue el del espejo retrovisor del automóvil de Garcés, que presuntamente golpeó el torso de uno de los funcionarios cuando el venezolano arrancó durante la parada.
Las versiones sobre el episodio siguen enfrentadas y la acusación formal no aclara cómo se relacionan los hechos descritos con el disparo.
Llegó a Estados Unidos en 2023 y solicitó asilo
Garcés ingresó a Estados Unidos en diciembre de 2023 mediante la aplicación CBP One y solicitó asilo, según la información proporcionada por su defensa.
Posteriormente, un juez de inmigración ordenó su deportación en ausencia, después de que no asistiera a una audiencia, de acuerdo con Lincoln-Goldfinch.
Ahora, el venezolano enfrenta el proceso penal federal mientras continúa bajo custodia y recibe tratamiento por la herida de bala. Su defensa niega los cargos y espera que el caso avance ante los tribunales.