Desde que Nicolás Maduro fue apartado del poder, la madrugada el pasado 3 de enero, la Casa Blanca armó un sistema con el que controla la venta del crudo venezolano, canaliza los ingresos a través de cuentas bajo supervisión estadounidense y transfiere después a Caracas el remanente, una vez descontadas comisiones, porcentajes y otros costes que distintas fuentes sitúan en torno al 10% o superior.
Todo ello se apoya en una serie de ocho nuevas licencias que permiten que vuelva a fluir petróleo venezolano hacia refinerías, que entren insumos para reactivar la producción, que se negocien nuevas inversiones y que incluso se importe oro venezolano a EE.UU., pero sin que ese dinero circule libremente por el aparato chavista, sino bajo control de Washington, según un reportaje de investigación de ABC de España.
Las ventas de petróleo venezolano bajo supervisión de EE.UU. ya han superado los 2.000 millones de dólares a mediados de febrero, y existen acuerdos de corto plazo para ingresar otros 4.000 millones en los meses siguientes. Gran parte de ese crudo se está procesando ya en refinerías estadounidenses y la Administración Trump sostiene que entregó a la autoridad interina venezolana los ingresos obtenidos por esas ventas, aunque mantendrá el control del flujo del dinero hasta que en Venezuela exista un Gobierno representativo.
Exportaciones subieron 32%
La estimación de la Casa Blanca es que la producción petrolera venezolana pueda crecer entre un 30% y un 40% en un año, partiendo de un nivel actual de alrededor de un millón de barriles diarios. En febrero, las exportaciones directas a EE.UU. subieron un 32% hasta unos 375.000 barriles diarios.
Pero incluso dentro del sector energético hay escepticismo: en una reunión con Trump en la Casa Blanca, varios directivos de empresas petroleras dijeron el mes pasado que consideran poco realista un aumento del 30% este mismo año por el deterioro de la infraestructura, la incertidumbre política y económica y otros obstáculos, y sitúan un crecimiento de esa magnitud más bien en un plazo de 12 a 18 meses, siempre que haya estabilidad política.
Esa advertencia y necesidad de estabilidad política ayuda a entender las constantes alabanzas públicas de Trump a Delcy Rodríguez, a la que presenta como una interlocutora útil para sostener esa transición energética bajo tutela estadounidense.