El gobierno del presidente Donald Trump intensificó su política migratoria con una nueva ofensiva dirigida contra residentes permanentes legales en Estados Unidos, al iniciar revisiones masivas de titulares de la green card para detectar posibles fraudes o causales de deportación.
Según reveló The New York Times, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ya intenta deportar al menos a 50 personas con residencia permanente legal mediante una unidad especial creada recientemente para reevaluar miles de expedientes migratorios.
Más de 2.800 casos de titulares de green card han sido revisados
De acuerdo con el reporte, hasta el pasado 7 de mayo unas 2.890 personas con tarjeta de residencia habían sido evaluadas o seguían bajo revisión por parte de las autoridades migratorias estadounidenses.
Las cifras internas indican que:
- Cerca del 80 % de los casos revisados no requirieron acciones adicionales.
- Más de 500 residentes permanentes continúan siendo investigados.
- Aproximadamente 50 personas podrían enfrentar procesos de deportación.
La nueva unidad se encarga de analizar antecedentes penales, solicitudes migratorias y posibles inconsistencias en la obtención de la residencia legal.
Administración Trump amplía ofensiva migratoria
La medida representa una expansión de la política migratoria impulsada por la administración Trump, que ya no se concentra únicamente en inmigrantes indocumentados, sino también en personas que poseen estatus legal en Estados Unidos.
En los últimos meses, las autoridades federales también han impulsado iniciativas para revisar casos de refugiados y ciudadanos naturalizados, lo que ha generado preocupación entre comunidades migrantes establecidas desde hace años en el país.
Funcionarios del gobierno sostienen que estas revisiones son necesarias debido a presuntas fallas en los controles migratorios implementados durante la administración del expresidente Joe Biden.
USCIS defiende las nuevas investigaciones migratorias
El portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), Zach Kahler, aseguró que la agencia está llevando a cabo una reorganización interna para reforzar la seguridad nacional y mejorar los mecanismos de verificación migratoria.
“La primera y principal misión del USCIS es proteger a Estados Unidos mediante una rigurosa investigación y selección de los extranjeros”, afirmó Kahler en un comunicado.
El funcionario explicó que entre las personas sometidas a nuevas investigaciones figuran individuos detenidos o condenados por delitos como:
- Violencia doméstica.
- Agresión sexual.
- Conducir bajo efectos del alcohol o drogas.
- Posesión de parafernalia de drogas.
Asimismo, señaló que algunos casos involucran presuntas vinculaciones con organizaciones sospechosas de intentar obtener ilegalmente tecnología estadounidense para el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.
Investigan posibles fraudes migratorios
Las autoridades también revisan expedientes de personas que supuestamente habrían mentido o presentado información falsa para obtener la residencia permanente en Estados Unidos.
Sin embargo, exfuncionarios de seguridad nacional y expertos en inmigración han cuestionado el alcance de la iniciativa, argumentando que los datos internos muestran que apenas alrededor del 2 % de los casos revisados fueron considerados potencialmente deportables.
Críticos de la medida consideran que la estrategia podría generar temor e incertidumbre entre millones de residentes legales, incluso aquellos sin antecedentes penales ni irregularidades migratorias.
Decenas de miles de residentes podrían ser reevaluados
Fuentes citadas por The New York Times aseguran que las autoridades federales han identificado decenas de miles de titulares de la green card en todo el país para futuras revisiones.
Los agentes asignados a la nueva unidad tienen la tarea de examinar antecedentes judiciales, documentos migratorios y cualquier indicio de fraude que pudiera justificar la revocación del estatus de residencia permanente.
La medida se produce en medio de un endurecimiento general de las políticas migratorias impulsadas por la Casa Blanca, que busca reforzar los mecanismos de control y deportación en Estados Unidos.