El periodista venezolano Darvinson Rojas fue beneficiado con el sobreseimiento de su causa penal, una decisión que pone fin a casi seis años de restricciones judiciales en su contra, según informó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa este lunes 13 de abril.
La medida fue dictada por un Tribunal de Primera Instancia de Caracas y quedó asentada en una boleta de notificación fechada el pasado 8 de abril, aunque se conoció públicamente días después.
Se extinguen las medidas cautelares
Con este fallo judicial, queda completamente cerrado el proceso penal que mantenía al comunicador bajo régimen de presentación periódica y prohibición de salida del país, medidas vigentes desde 2020.
El sobreseimiento elimina todas las restricciones y pone fin a un expediente que durante años fue señalado por organizaciones como un caso emblemático de presión judicial contra periodistas.
Detenido por informar sobre el COVID-19
Darvinson Rojas fue detenido en marzo de 2020 por funcionarios de seguridad, luego de difundir información sobre la propagación del COVID-19 en Venezuela.
Durante ese episodio, permaneció privado de libertad durante cerca de dos semanas antes de ser excarcelado bajo medidas cautelares.
Posteriormente, fue imputado por los delitos de instigación pública e incitación al odio, en medio de un contexto de creciente presión contra trabajadores de la prensa que cubrían la pandemia.
Un caso emblemático de libertad de prensa
El caso de Darvinson Rojas se convirtió en uno de los más representativos de la judicialización del ejercicio periodístico en Venezuela, especialmente durante la emergencia sanitaria.
Durante casi seis años, el comunicador permaneció sometido a controles judiciales, mientras organizaciones nacionales e internacionales denunciaban el uso del sistema penal como mecanismo de intimidación contra periodistas.
Un fallo que reabre el debate
Con el sobreseimiento, las autoridades judiciales ponen fin a un proceso que fue ampliamente cuestionado por defensores de derechos humanos y gremios de prensa.
La decisión marca un punto relevante en el debate sobre la libertad de expresión en Venezuela, en un contexto donde el ejercicio periodístico ha enfrentado restricciones, especialmente en temas de interés público como la salud y la gestión de crisis.