La historia de Oswaldo Gabriel Castillo Lunar se ha convertido en uno de los casos más emblemáticos y polémicos vinculados al llamado “magnicidio frustrado” contra el presidente Nicolás Maduro. Su nombre figura entre los condenados a la pena máxima de 30 años de prisión, en un proceso judicial que ha sido cuestionado por familiares, abogados y organizaciones de derechos humanos.
Castillo, originario de Ciudad Ojeda, estado Zulia, era un joven de 25 años cuando su vida cambió radicalmente tras ser detenido en 2018. Su historia, marcada por denuncias de irregularidades, torturas y violaciones al debido proceso, sigue generando debate dentro y fuera de Venezuela.
Hasta el momento, la Ley de Amnistía no ha servido para reevaluar el caso y que pueda conseguir su libertad. Ni siquiera un beneficio, que, aunque sea, le permita regresar a su hogar en Ciudad Ojeda.
¿Quién es Oswaldo Castillo Lunar?
Oswaldo Castillo estudiaba Ingeniería en Mantenimiento Mecánico en la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt (UNERMB) de Ciudad Ojeda. De acuerdo con testimonios de familiares y amigos, se trataba de un joven proactivo, amigable y comprometido con su futuro profesional.
Residía en la parroquia Libertad del municipio Lagunillas y, según registros electorales, votaba en el preescolar Mama Rosa de su localidad. Su entorno más cercano lo describe como una persona con aspiraciones claras: culminar su carrera y contribuir al desarrollo del país.
Antes de su detención, esperaba únicamente la fecha para presentar su tesis de grado. Incluso había iniciado gestiones para continuar estudios en la Universidad Central de Venezuela.
El contexto: el atentado con drones de 2018
El caso de Oswaldo Castillo está directamente relacionado con los hechos ocurridos el 4 de agosto de 2018 en la avenida Bolívar de Caracas, durante un acto militar encabezado por Nicolás Maduro.
Ese día, dos drones cargados con explosivos detonaron en las inmediaciones del evento, en un hecho que el gobierno calificó como un intento de magnicidio. A partir de ese momento, se inició una amplia operación de detenciones y procesos judiciales contra presuntos implicados.
El Ministerio Público imputó a los acusados por delitos como:
- Traición a la patria
- Homicidio intencional calificado en grado de frustración
- Terrorismo
- Asociación para delinquir
- Lanzamiento de artefactos explosivos en reuniones públicas
Entre los condenados a 30 años de prisión se encuentran militares y civiles, incluyendo a Oswaldo Castillo.
Detención y desaparición inicial
Según reportes, en julio de 2017, solo esperaba la fecha para defender su tesis de grado y soñaba con un futuro como ingeniero contribuyendo al desarrollo de su país. Sin embargo, denunció Clippve, el 6 de octubre de 2018, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) lo detuvieron de manera arbitraria mientras se dirigía a clases.
Tras su aprehensión, permaneció desaparecido durante 12 días. Durante ese período, familiares y abogados no tuvieron información sobre su paradero, lo que generó preocupación y denuncias públicas.
Denuncias de tortura y violaciones de derechos humanos
Cuando reapareció, Castillo denunció haber sido víctima de torturas y tratos crueles durante su detención. Entre las acusaciones figuran:
- Golpizas
- Aislamiento prolongado
- Presiones psicológicas
Estas denuncias fueron respaldadas por testimonios recopilados por organizaciones de derechos humanos, que señalaron posibles violaciones al debido proceso.
Su madre, Yaceira Lunar, ha sido una de las principales voces en la defensa de su hijo, denunciando reiteradamente las condiciones de reclusión y solicitando su liberación.
El juicio y la condena a 30 años
El juicio por el caso del “magnicidio frustrado” comenzó el 2 de diciembre de 2019 y se extendió durante más de dos años, con más de 140 audiencias.
Finalmente, en agosto de 2022, el tribunal dictó sentencia condenatoria. Castillo recibió la pena máxima de 30 años de prisión, decisión atribuida a la jueza Hennit López Mesa.
En abril de 2024, la sentencia fue ratificada en apelación.
De acuerdo con el Ministerio Público, los acusados fueron responsables de delitos graves contra el Estado venezolano. Sin embargo, abogados defensores han sostenido que el proceso estuvo “viciado” y que no existen pruebas materiales contundentes contra Castillo.
Confesiones bajo presunta coacción
Uno de los elementos más controversiales del caso ha sido la supuesta confesión de Castillo, en la que se le vincula con la denominada “Resistencia Activa” y con entrenamientos en un campamento en Colombia.
No obstante, juristas y defensores han señalado que estas declaraciones habrían sido obtenidas bajo coacción, lo que pone en duda su validez jurídica.
Según sus abogados, Castillo no recibió beneficios a pesar de haber colaborado, lo que refuerza las sospechas sobre irregularidades en el proceso.
Reclusión y condiciones actuales
Actualmente, Oswaldo Castillo permanece privado de libertad en la cárcel de El Rodeo I, tras haber pasado por otros centros de detención como El Helicoide.
Organizaciones de derechos humanos han advertido sobre las condiciones de reclusión, calificándolas como inhumanas y alertando sobre riesgos para su salud y su vida.
Durante su tiempo en prisión, Castillo ha enfrentado limitaciones en visitas familiares, especialmente por la distancia entre Caracas y su lugar de origen en el Zulia.
Ocho cumpleaños en prisión
El 16 de marzo, Oswaldo Castillo cumplió 33 años. Fue su octavo cumpleaños en prisión.
Familiares y allegados han expresado públicamente su tristeza por no poder acompañarlo en una fecha significativa. En redes sociales, mensajes difundidos en la cuenta “Liberen a Oswaldo Castillo” reflejan el impacto emocional del caso.
“Hoy, Oswaldo Castillo cumple años, pero no hay celebración… el deseo de todos es su libertad”.
Reacciones y declaraciones públicas
El caso ha generado pronunciamientos de diversas figuras. Según registros difundidos en redes sociales, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, habría declarado en una alocución que Castillo no participó directamente en los hechos.
Por su parte, el abogado penalista Joel García ha señalado que, en el marco de una posible Ley de Amnistía, debería evaluarse el caso en función de los hechos y no de las personas.
“Lo primero que hay que tomar en cuenta es el caso, no las personas. Es el hecho, la parte fáctica. Vamos a poner el ejemplo del magnicidio frustrado (2018), el caso de los drones en la avenida Bolívar. Si se va a amnistiar a los presos políticos, ellos son presos políticos. ¿Qué se va a amnistiar? El caso de los drones y todas las personas que estén allí indiferentemente del delito por el cual han sido condenados, tienen que estar dentro de esta ley de amnistía”, explica Joel García, abogado especialista en derecho penal.”, explicó García.
La Ley de Amnistía y un caso sin resolución
Hasta el momento, la Ley de Amnistía no ha tenido efectos en el caso de Oswaldo Castillo.
Ni su inclusión como beneficiario ni la revisión de su proceso han avanzado, lo que mantiene su situación jurídica sin cambios.
Para su familia, la única esperanza radica en una futura revisión judicial que permita corregir lo que consideran un proceso irregular.
Un caso que sigue generando debate
El caso de Oswaldo Castillo se ha convertido en un símbolo dentro del debate sobre:
- Libertad de expresión
- Protesta social
- Uso del sistema judicial
- Derechos humanos en Venezuela
Su historia refleja las tensiones entre el Estado y sectores de la sociedad civil en un contexto de crisis política y social.
Un futuro incierto
El destino de Oswaldo Castillo dependerá de posibles revisiones judiciales o medidas extraordinarias como una amnistía.
Mientras tanto, su familia continúa exigiendo justicia y denunciando irregularidades en un proceso que, aseguran, cambió para siempre la vida de un joven que soñaba con convertirse en ingeniero.
Su historia, lejos de cerrarse, sigue siendo un tema de interés nacional e internacional, y un recordatorio de los desafíos que enfrenta el sistema judicial venezolano.
Cabe recordar que por el caso de los drones, el general de División Alejandro Pérez Gámez, el coronel Pedro Javier Zambrano, el sargento mayor de primera Juan Carlos Monasterios, Argenis Gabriel Valera Ruiz, José Miguel Estrada, Oswaldo Castillo Lunar, Alberto Bracho Rozquez, Brayan De Jesús Oropez, Henriberth Rivas, Yolmer Escalona Torrealba, Emirlendris Benítez y Yanin Pernía Coronel, fueron condenados a 30 años de prisión por homicidio intencional calificado en grado de frustración en contra de Nicolás Maduro; homicidio intencional calificado ejecutado con alevosía y por motivos fútiles en grado de frustración en perjuicio de funcionarios de la Guardia Nacional; lanzamiento de artefactos explosivos en reuniones públicas, traición a la patria, terrorismo y asociación para delinquir.
“Hoy, Oswaldo Castillo cumple años, pero no hay celebración. Es su séptimo cumpleaños en prisión, y la nostalgia y la tristeza nos invade a todos los que hoy no podemos abrazarlo y acompañarlo a picar un pastel, sin embargo hoy el deseo de Oswaldo es el de todos los que lo apreciamos; su LIBERTAD”, dice un mensaje en la cuenta de Instagram que busca sensibilizar su caso.
Manuel Arends