El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció este lunes 13 de abril una serie de irregularidades en el proceso judicial contra el periodista Gabriel González, luego de que un tribunal negara el sobreseimiento de su causa, pese a que había sido previamente considerado beneficiario de la Ley de Amnistía.
Tribunal revierte decisión sobre amnistía
De acuerdo con el gremio, la decisión fue tomada semanas después de que el propio tribunal indicara que González figuraba como “beneficiado” por la normativa de amnistía.
Sin embargo, posteriormente esa condición fue desconocida y se formalizó la negativa al cierre del caso, generando cuestionamientos sobre la coherencia del proceso judicial.
Denuncian violaciones al debido proceso
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa alertó que, además del rechazo al sobreseimiento, al periodista se le habrían vulnerado derechos fundamentales.
Entre las irregularidades señaladas destacan:
- Impedimento para designar una defensa privada
- Restricción de acceso al expediente judicial
- Falta de garantías procesales
Estas acciones fueron calificadas por la organización como violaciones al debido proceso.
“Denunciamos un proceso sin garantías, donde la amnistía se aplica con discreción”, expresó el gremio a través de sus canales oficiales.
Crece preocupación por libertad de prensa
El caso de Gabriel González se suma a otros expedientes que han generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos y gremios periodísticos en Venezuela.
El SNTP reiteró su llamado a las autoridades para garantizar el respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores de la prensa, así como el cumplimiento de las normas legales vigentes.
Exigen respeto a garantías judiciales
Finalmente, la organización insistió en la necesidad de que se respeten las garantías procesales y se eviten decisiones discrecionales que puedan afectar la libertad de expresión.
Este caso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre las condiciones en las que se ejerce el periodismo en el país y el papel del sistema judicial en la protección —o vulneración— de estos derechos.
Manuel Arends