Trabajadores de al menos 23 universidades públicas de Venezuela iniciaron este miércoles un paro nacional de 24 horas para exigir un aumento del salario mínimo, congelado desde 2022 y actualmente equivalente a unos 27 centavos de dólar mensuales, según el tipo de cambio oficial.
La jornada de protesta, convocada por gremios universitarios y respaldada por distintas asociaciones académicas, busca visibilizar la crisis salarial que atraviesa el sector educativo, tras más de cuatro años sin ajustes en los ingresos.
Reclamo por salarios dignos
Desde la Universidad Central de Venezuela, el presidente de la Asociación de Profesores (APUCV), José Gregorio Afonso, cuestionó los argumentos oficiales sobre el impacto de un eventual aumento salarial en la inflación.
“Nos quieren decir que aumentar el salario significa disparar la inflación. Llevamos cuatro años sin salario y la inflación sigue alta”, afirmó.
El dirigente gremial sostuvo que, ante un eventual nuevo escenario político en el país, también debería impulsarse un cambio en la política salarial.
“Si hay un nuevo momento político, también debe haberlo para un movimiento salarial”, señaló.
Asimismo, criticó la falta de correspondencia entre el crecimiento económico y las condiciones laborales de los trabajadores.
“Aquí no puede haber más inversiones e ingresos sin mejoras salariales”, agregó, al tiempo que responsabilizó al Ejecutivo por ignorar las demandas del sector.
Expectativa por anuncio del 1 de mayo
Por su parte, el presidente del Sindicato Único de Trabajadores de la UCV, Carlos Suárez, indicó que la continuidad de las protestas dependerá de los anuncios que realice el Gobierno el próximo 1 de mayo.
En esa fecha, la vicepresidenta Delcy Rodríguez prometió recientemente informar sobre un posible ajuste del salario mínimo, en medio de crecientes presiones sindicales.
Asambleas en el sector educativo
De forma paralela al paro universitario, sindicatos de maestros realizaron asambleas para evaluar la situación laboral y coordinar posibles acciones de protesta, en un contexto marcado por el deterioro del poder adquisitivo y la precarización del sistema educativo.
El paro de 24 horas marca el inicio de una nueva fase de conflictividad gremial en el país, con el objetivo de presionar por mejoras salariales y condiciones laborales dignas para los trabajadores del sector público.
