Diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) rechazaron este jueves el anuncio de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sobre el supuesto “fin” de la Ley de Amnistía, al considerar que la medida es “arbitraria e inconstitucional” y contraria al orden jurídico vigente.
Las ONG advirtieron que la derogación de una ley no es competencia del Poder Ejecutivo y recordaron que la normativa aprobada por la Asamblea Nacional no establece una fecha de caducidad, lo que pone en duda la legalidad del anuncio oficial.
El anuncio del “fin” de la amnistía
El pronunciamiento de Delcy Rodríguez se produjo este jueves, 23 de abril, apenas dos meses después de la aprobación de la Ley de Amnistía, en un contexto en el que aún permanecen al menos 473 presos políticos, según organizaciones independientes .
La mandataria no ofreció detalles sobre el alcance de la medida ni explicó cómo se implementará el supuesto “fin” de la normativa.
No obstante, aseguró que los casos excluidos expresamente en la ley podrán ser atendidos a través de otros mecanismos institucionales, como el Programa para la Paz y Convivencia Democrática y la Comisión para la Reforma de la Justicia Penal.
ONG denuncian violación de la Constitución
La organización Provea expresó a través de la red social X que la decisión representa un retroceso en los esfuerzos por lograr la reconciliación nacional.
“Esto constituye una medida arbitraria e inconstitucional, que no contribuye al proceso de convivencia y paz que se viene anunciando”, señaló la ONG.
Por su parte, Acceso a la Justicia subrayó que la Ley de Amnistía sigue vigente, independientemente de la postura del Ejecutivo.
“La ley no establece una fecha de vencimiento para los beneficiarios, por lo que continúa en plena vigencia, aunque el Ejecutivo haya decidido que ya no lo está”, indicó la organización.
Asimismo, explicó que una norma de este tipo solo puede ser derogada mediante otra ley aprobada por el Parlamento o a través de una sentencia de nulidad emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
En ese sentido, advirtió que la actuación del Ejecutivo implica una intromisión en competencias legislativas y judiciales, lo que vulnera el principio de separación de poderes consagrado en la Constitución.
“Atropello al Estado de derecho”
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón también cuestionó el anuncio y lo calificó como un “atropello al Estado de derecho”.
A juicio de la organización, declarar el fin de la amnistía mediante un pronunciamiento político genera inseguridad jurídica y deja en situación de vulnerabilidad a las víctimas.
Además, alertó que esta decisión envía una señal preocupante al sistema judicial, ya que podría interpretarse como una instrucción indirecta a los tribunales para rechazar solicitudes de libertad basadas en una premisa inexistente en el ordenamiento jurídico.
“Este desenlace confirma nuestra preocupación inicial: la ley terminó siendo un ejercicio de retórica política más que un instrumento genuino para devolver la libertad a los presos políticos”, añadió la ONG.
Alcance y limitaciones de la Ley de Amnistía
La Ley de Amnistía fue aprobada en febrero de 2026 como parte de una estrategia de reconciliación política en el país, tras años de denuncias sobre detenciones por motivos políticos.
El instrumento contempla un período de 27 años —desde 1999—, pero limita su aplicación a 13 hechos específicos ocurridos en distintos momentos de la crisis política venezolana, lo que deja fuera numerosos casos.
Además, excluye delitos como corrupción, homicidio, violaciones de derechos humanos y hechos relacionados con operaciones militares.
Según cifras oficiales, hasta el miércoles previo al anuncio, 8.616 personas habían sido beneficiadas por la amnistía, de las cuales 314 estaban privadas de libertad y el resto contaba con medidas cautelares.
Preocupación por la seguridad jurídica
El anuncio del Ejecutivo ha reavivado el debate sobre la seguridad jurídica en Venezuela y el respeto a la institucionalidad.
Organizaciones de derechos humanos advierten que decisiones de este tipo podrían debilitar aún más la confianza en el sistema judicial y afectar directamente a cientos de personas que esperan ser beneficiadas por la ley.
En este contexto, expertos insisten en que cualquier modificación o derogación de la normativa debe realizarse conforme a los procedimientos legales establecidos, para garantizar la protección de los derechos fundamentales y evitar interpretaciones discrecionales del poder.
Manuel Arends