Piedad Córdoba Ruíz, dirigente política colombiana, nació en Medellín, el 25 de enero de 1955, y falleció en la misma ciudad este 20 de enero de 2024.
Córdoba era abogada de profesión, dedicada a la vida política desde su juventud.
Se graduó de abogada en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, egresada en 1977, obteniendo posteriormente sus títulos de Especialista en Opinión Pública y Mercadeo en la Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá) y en Derecho Organizacional y de Familia en la Universidad Pontificia Bolivariana.
Fue miembro del Partido Liberal durante gran parte de su trayectoria política y líder del movimiento Poder Ciudadano, en la izquierda de dicho partido.
Como congresista trabajó por los derechos de la mujer, las minorías étnicas y sexuales (sociedad LGBT) y los derechos humanos.
Entre 1984 y 1986 ocupó su primer cargo público, fue subcontralora municipal de su ciudad. En este último año William Jaramillo es designado alcalde y le nombra como su Secretaría Privada, un cargo del gabinete municipal que la convirtió en la mano derecha del alcalde durante los dos años que estuvo al frente de la administración.
En 1988 obtiene su primer cargo de elección popular, siendo elegida concejal de Medellín para un periodo de dos años.
En 1994 William Jaramillo anuncia que no buscará la reelección como senador, y Piedad Córdoba se convierte en la heredera de su corriente política, siendo elegida senadora de la República para el periodo 1994-1998.
Como presidenta del Partido Liberal, fue abanderada del abstencionismo durante la votación del referendo convocado por el presidente Uribe un día antes de las elecciones regionales de 2003.
En las elecciones parlamentarias de 2006 no obtiene el éxito que esperaba, pues si bien obtiene su escaño para el Senado, no consigue una votación muy alta, y sus candidatos a la Cámara son derrotados.
En 2010, pese a aparecer en los sondeos a las presidenciales, decidió postularse al Senado por quinta vez en las elecciones legislativas de marzo de 2010 y logra la votación más alta de su carrera y la tercera más alta del Partido Liberal con más de 65.000 electores.
El 27 de septiembre de 2010, la Procuraduría General de la Nación decidió destituir a Piedad Córdoba de su cargo como senadora y la inhabilitó por 18 años para ejercer oficios gubernamentales.
El 11 de octubre de 2016, a seis años de que Piedad Córdoba, por orden de la Procuraduría General de la Nación colombiana, fuera destituida de su cargo como senadora e inhabilitada durante 18 años para ocupar cargos públicos, la sección segunda del Consejo de Estado tumba la sanción disciplinaria que pesaba en su contra.
Córdoba entró a la carrera presidencial en 2017. Pero el 9 de abril de 2018 anunció su retiro de la carrera de la presidencia.
Durante la campaña presidencial de candidato Gustavo Petro fue electa como senadora en marzo de 2022.
En abril del mismo año, el candidato Petro pidió se apartara de la campaña presidencial mientras solucionaba sus diferendos judiciales.
Polémicas en la vida de Piedad Córdoba
Córdoba, quien desde el pasado noviembre veía enfrentando un proceso en la Corte de Suprema de Justicia por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, peculado por apropiación a favor de terceros y falsedad en documento público, tuvo una carrera marcada por las polémicas.
De todas, la que quizá más controversia generó fue la que llevó a su destitución como senadora en 2010, por orden de la Procuraduría General de la Nación, que entonces lideraba Alejandro Ordoñez, por supuesta colaboración con la hoy extinta guerrilla de Las Farc
Sobre ese episodio, y su reciente regreso al Senado, manifestó el presidente Petro, en su mensaje de condolencias: «Un procurador fascista la expulsó del senado y se burló de sus electores, quise resarcir el daño y ayudé a que hiciera parte de la lista del Pacto Histórico, sentí que lo merecía».
En un fallo publicado en 2016, el Consejo de Estado revisó el caso tras el recurso interpuesto por Córdoba y encontró que no existían existían pruebas que demostraran una violación a la ley disciplinaria.
«La Sala concluyó que la investigación de la Procuraduría General de la Nación se basó en conjeturas e indicios que no fueron demostrados y que no constituyen medios de prueba a la luz del Código Disciplinario», informó entonces la alta corte.