La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la coalición que agrupa a la oposición mayoritaria de Venezuela, informó este sábado que, a 48 horas de aprobada la Ley de Amnistía, solo ha podido verificar la excarcelación de 19 personas, una cifra que —según el bloque político— está muy por debajo de las expectativas generadas tras la entrada en vigencia de la norma.
En un mensaje difundido en redes sociales, la PUD expresó su rechazo ante la lentitud de las liberaciones, señalando que “hasta ahora solo hemos podido verificar la excarcelación de 19 inocentes, mientras los familiares de los presos políticos se mantienen en vigilia permanente a las puertas de los centros de reclusión”.
Excarcelaciones anteriores y proceso de amnistía
La organización detalló que, hasta las 22:00 hora local de este sábado, ha confirmado un total de 494 excarcelaciones desde el 8 de enero, cuando comenzó un proceso de liberaciones que precede a la aprobación formal de la Ley de Amnistía, impulsado por el gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
La PUD sostuvo que la diferencia entre el número de liberados registrado antes de la ley y las cifras posteriores demuestra la necesidad de acelerar el proceso de excarcelaciones tras la aprobación de la amnistía legal.
Reclamo por voluntad política
La coalición opositora afirmó que lo único que falta para lograr la libertad de los más de 600 presos políticos que aún permanecen encarcelados —según su propio conteo, cifra que coincide con estimaciones de la ONG Foro Penal— es “voluntad política” por parte de las autoridades para ejecutar liberaciones masivas.
En este sentido, la PUD exigió que los procesos de excarcelación se realicen de forma masiva, expedita, pública y transparente, garantizando así la libertad de todas las personas reconocidas como presos políticos por organizaciones civiles y familiares de los detenidos.
Contexto de la ley de amnistía
La Ley de Amnistía fue aprobada el pasado jueves por la Asamblea Nacional de Venezuela y promulgada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con el objetivo de establecer mecanismos legales para liberar a personas implicadas en hechos considerados de motivación política desde 1999 hasta 2026, aunque excluye delitos graves como homicidio, corrupción, narcotráfico y violaciones de derechos humanos.
Al mismo tiempo, el gobierno ha informado sobre más de 1.500 solicitudes de amnistía presentadas desde distintos reclusos, y dirigentes oficialistas han asegurado que se han registrado “cientos de liberaciones” bajo este marco legal, aunque sin detallar cifras oficiales verificables por terceros.
Reacción de organizaciones de derechos
Organizaciones como Foro Penal han señalado que, si bien la Ley de Amnistía representa un avance en materia de política penitenciaria, su implementación ha sido lenta y parcial, y todavía existen preocupaciones sobre su alcance y aplicación efectiva para todos los detenidos por razones políticas.