Después de casi dos años sin ruedas de prensa, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) volvió al frente del debate político este lunes para pronunciarse sobre la Ley de Amnistía y Convivencia Democrática, aprobada recientemente en Venezuela y promulgada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.
La coalición opositora calificó la normativa como insuficiente y excluyente, al tiempo que instó a que se convierta en un instrumento efectivo para liberar a los presos políticos aún detenidos en el país.
La PUD manifestó que si bien la ley tenía potencial para beneficiar a más personas procesadas por causas vinculadas con la persecución política, su actual alcance deja fuera a numerosos ciudadanos que no encajan en los criterios establecidos en el texto legal.
Críticas de la PUD sobre exclusiones en la ley
Durante la comparecencia, Delsa Solórzano, dirigente de Encuentro Ciudadano y vocera de la PUD, destacó que mecanismos contemplados en la ley podrían abordar casos excluidos, pero lamentó que no se hayan incluido:
- Venezolanos inhabilitados políticamente.
- Detenidos por motivos políticos bajo circunstancias no previstas en la legislación.
- Personas procesadas por leyes como la Ley Simón Bolívar y la Ley contra el Odio, así como casos bajo jurisdicción militar.
- Ciudadanos encarcelados por expresiones en redes sociales o sin saber cuál tribunal tramita su causa.
Solórzano aseguró que estos casos reflejan una amplitud de exclusión que limita seriamente el impacto real de la amnistía, y que la ley puede terminar siendo percibida como una herramienta con poco alcance si no se amplían sus beneficios.
Solo 19 excarcelaciones verificadas hasta ahora
La PUD también informó que, a pesar de que el Gobierno asegura que la Ley de Amnistía permitirá liberar a cientos de presos políticos, solo se han podido verificar 19 excarcelaciones desde su aprobación, según el registro independiente realizado por la coalición opositora.
La organización señaló que esta cifra implica que el proceso avanza lentamente y sin transparencia, y que sigue existiendo un número significativo de personas detenidas por razones políticas que no han sido liberadas, a pesar de las expectativas generadas con la entrada en vigencia de la ley.
PUD exige transparencia y voluntad política
Solórzano afirmó que se necesita voluntad política real para concretar la libertad de todos los presos políticos, incluyendo aquellos que han estado recluidos por más de años y cuyos procesos judiciales siguen activos bajo delitos considerados de motivación política por organizaciones de derechos humanos.
La PUD reiteró su llamado para que las liberaciones se realicen de manera masiva, expeditiva, pública y transparente, y que se consideren medidas adicionales para los casos excluidos por la normativa actual.
Reuniones con la comunidad internacional
Consultada sobre si la PUD ha sostenido encuentros con autoridades de Estados Unidos u otros representantes internacionales que han visitado Caracas, Solórzano indicó que la alianza mantiene contactos “permanentes” con diplomáticos y miembros de la comunidad internacional, aunque muchas de estas reuniones no son públicas y no precisó mayores detalles.
“Hay cosas sobre las que podemos hablar, cosas sobre las que no podemos hablar”, señaló la dirigente, reflejando la discreción con la que se manejan algunos de estos encuentros.
La PUD y las elecciones presidenciales de 2024
La Plataforma Unitaria también reafirmó su reclamo sobre los resultados de las elecciones presidenciales de 2024, en las que sostienen que Nicolás Maduro fue derrotado por el líder de la coalición, Edmundo González Urrutia, actualmente exiliado en España. La PUD sostiene que la falta de reconocimiento y garantías electorales ha sido un factor determinante en el desarrollo político del país y en las condiciones actuales de la disputa legal y social.
Expectativas y próximo paso político
La posición de la PUD subraya que, para que la Ley de Amnistía sea realmente eficaz y contribuya a un proceso de transición democrática en Venezuela, es crucial ampliar su alcance, acelerar las liberaciones y asegurar que los mecanismos establecidos cumplan con estándares de justicia y respeto a los derechos humanos.
La coalición opositora se mantiene vigilante y comprometida con impulsar medidas que permitan avanzar hacia una salida política sostenible, centrada en la libertad de los ciudadanos y la restauración de las garantías democráticas en el país.