La Asamblea Nacional (AN) aprobó este martes una reforma de la legislación que regula el servicio eléctrico en Venezuela, con la que se permitirá la participación de empresas privadas en actividades de generación, importación y comercialización de energía, mientras el Estado conservará la responsabilidad de garantizar el suministro público.
El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, explicó que la nueva normativa también incorpora un esquema tarifario con precios indexados a monedas de mayor valor y contempla subsidios para los usuarios de menores ingresos.
La reforma, impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, fue sometida a un proceso de consultas con potenciales prestadores del servicio, trabajadores del sector eléctrico y usuarios del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
Empresas privadas podrán generar e importar electricidad
Uno de los principales cambios de la legislación es la incorporación de operadores privados para ampliar la oferta de energía, especialmente destinada a grandes consumidores, como industrias, empresas y centros comerciales.
Rodríguez explicó que las compañías podrán instalar plantas de generación para producir electricidad y suministrarla a terceros mediante tarifas previamente establecidas.
«Va a permitir la incorporación de la prestación privada del servicio, es decir, que pueda darse la autogeneración, que un privado genere electricidad y pueda proporcionarla, a cambio de una tarifa establecida, a empresas, industrias y centros comerciales», señaló.
El parlamentario agregó que los inversionistas también podrán importar electricidad desde países vecinos para comercializarla en Venezuela, de acuerdo con las condiciones previstas en la normativa.
Según Rodríguez, esta apertura permitirá incrementar la disponibilidad de energía y facilitará que el Estado concentre mayores esfuerzos en mejorar el suministro residencial, particularmente en las regiones occidentales del país.
Tarifas indexadas y subsidios para usuarios vulnerables
Otro de los puntos centrales de la reforma es la incorporación de un esquema tarifario con precios indexados a monedas de mayor valor. Sin embargo, la legislación contempla mecanismos de subsidio para los consumidores que no tengan capacidad económica para asumir el costo total del servicio.
«Las tarifas van a estar indexadas a las monedas de mayor valor, pero también con un régimen de subsidio, sobre todo para aquellas personas que, por razones de su nivel de ingreso, no puedan pagar una tarifa plena», afirmó Rodríguez.
El presidente de la AN indicó que los subsidios quedaron contemplados en la ley, aunque su aplicación dependerá del reglamento que se elabore posteriormente.
La propuesta establece una diferenciación entre los usuarios residenciales de menores ingresos y los grandes consumidores industriales y comerciales, a quienes se atribuye una mayor capacidad para asumir tarifas plenas.
Por ahora, no se han anunciado los montos que deberán pagar los usuarios, las monedas que servirán como referencia para la indexación ni los requisitos para acceder a los subsidios.
Nueva superintendencia supervisará a los operadores
La reforma también prevé la creación de una superintendencia especializada que tendrá competencias en materia de prestación del servicio, autogeneración, tarifas y supervisión de los operadores privados.
De acuerdo con Rodríguez, el organismo deberá vigilar que las actividades de las empresas no perjudiquen el funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional ni comprometan la infraestructura pública de distribución.
La normativa incorpora, además, un régimen de sanciones para los prestadores que incumplan sus obligaciones, afecten la red eléctrica o incurran en ofertas comerciales engañosas.
También establece garantías para las empresas privadas interesadas en invertir en el sector, cuyos alcances deberán precisarse en el texto definitivo y las disposiciones reglamentarias.
Jorge Rodríguez descarta una privatización del sistema eléctrico
El presidente del Parlamento insistió en que la reforma no supone transferir la infraestructura eléctrica pública a manos privadas, sino ampliar las modalidades de prestación del servicio.
«En modo alguno es una privatización, es una ampliación de la prestación del servicio de energía eléctrica», sostuvo.
Como argumento, Rodríguez recordó la adquisición estatal de la Electricidad de Caracas en 2007, mediante una operación comercial con sus propietarios estadounidenses. El parlamentario afirmó que participó en aquellas negociaciones cuando ejercía como vicepresidente de la República.
«No fue una nacionalización, fue una compra», expresó al defender aquella operación y la actual apertura a la inversión privada.
Rodríguez reiteró que el Estado mantendrá la obligación de garantizar el suministro eléctrico a la población, independientemente de la incorporación de nuevos operadores al sistema.