La persecución contra alcaldes en Venezuela en el contexto de las elecciones del 28 de julio fue notoria, y muy público, así lo reseña un recuento del medio Tal Cual.
Uno de ellos es el caso del alcalde del municipio Torres del estado Lara, Javier Oropeza.
El funcionario fue hostigado y perseguido, al punto de tener que dejar el cargo.
Oropeza pasó a la clandestinidad y designó como alcaldesa encargada a Iraima Timaure el lunes 12 de agosto, mediante la resolución N° A-016A-292. Cinco días después, el Concejo Municipal –de mayoría oficialista– sesionó y declaró su ausencia absoluta sin haber transcurrido los 90 días que establece la Ley.
Una situación similar vivió Franco Gerratana, representante del municipio Ortiz del estado Guárico.
El funcionario ha sido víctima de hostigamiento, persecución y un intento de detención el 28 de junio por efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), pero sus votantes impidieron la captura.
Desde el pasado 3 de julio pesa sobre él una orden de aprehensión, solicitada por la Fiscalía 55 con competencia nacional, por tres delitos.
El Concejo Municipal declaró su ausencia absoluta tan solo un día después. El 15 de julio tomó posesión un concejal del PSUV.
Seis alcaldes han sido detenidos durante el año.
El primer arrestado fue Yhonny Lizcano (Ayacucho, estado Táchira) el pasado 20 de junio por presunta corrupción. Se encuentra recluido en el DAET San Cristóbal.
De este grupo se han registrado dos excarcelaciones: José Mosquera Adarme (Lagunillas, estado Zulia), quien pertenece al partido Un Nuevo Tiempo y estuvo seis días detenido por la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Caracas; y José Leocadio Carrillo (Urdaneta, estado Trujillo), quien es militante de Voluntad Popular y fue liberado el día después de su arresto.
Otros dos alcaldes tienen órdenes de aprehensión que no han sido ejecutadas. El propio Gerratana, solicitado por los supuestos delitos de «distracción o apropiación del patrimonio público, ventaja o beneficio económico de funcionario público y asociación; y de Rigoberto Ovallos (municipio Antonio Rómulo Costa, Táchira), quien huyó del país luego de ser acusado de los presuntos delitos de «peculado doloso propio y evasión de licitación».
También al alcalde Jóbito Villegas (municipio Sucre, Portuguesa) intentaron detenerlo funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) a principios de agosto.
En los casos de Jordan Sifuentes (Mejía, estado Sucre) y Fernando Feo (Tinaquillo, estado Cojedes) se desconoce dónde se encuentran detenidos o los cargos de los que se les acusan.
El último arresto que se produjo fue el de Abraham Hayón (municipio Rangel, Mérida).
Hayón fue detenido el 4 de septiembre por funcionarios del Sebin, tras unas declaraciones en las que llama a una «intervención humanitaria» por parte de Estados Unidos.
El funcionario fue destituido por el Concejo Municipal de Rangel el pasado 19 de septiembre de 2023 por su «falta absoluta», pero restituido por vía judicial el 31 de octubre.
El 24 de abril, los alcaldes José Fernández López (Los Salias) y Elías Sayegh (El Hatillo) fueron inhabilitados por la Contraloría General.
Casi dos meses más tarde también fueron inhabilitados, también sin una notificación de la Contraloría, los alcaldes trujillanos Keiber Peña (Sucre), Heriberto Materán Tapia (Motatán), José Leocadio Carrillo (Urdaneta), Yohanthí Domínguez Santeliz (Carache), Dilcia Rojas (Campo Elías), Servando Godoy (Márquez Cañizales), Wilmer Delgado (Monte Carmelo) y Francisco Aguilar (Andrés Bello).
En ese lote también fueron inhabilitados los alcaldes neoespartanos de los municipios Villalba (Isla de Coche), José María Fermín, y de Tubores, Iraima Vásquez.
Para la ONG Acceso a la Justicia, estas inhabilitaciones pueden ser consideradas una “retaliación” por su postura política, lo que supondría «una violación a la libertad de expresión y pensamiento, así como a la participación política y al pluralismo político», todos derechos contenidos en la Constitución.
