Nicolás Maduro, aún presidente según el gobierno venezolano, detenido en Nueva York y procesado en Estados Unidos por cargos de narcotráfico y corrupción, presentó una declaración jurada en la que afirma no tener recursos propios para costear su defensa legal y solicitó que el Estado venezolano asuma el pago de sus abogados.
La declaración fue presentada ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York el 18 de febrero, donde Maduro admite su incapacidad financiera para pagar a su abogado, Barry J. Pollack, de la firma Harris St. Laurent & Wechsler LLP —reconocida por litigios penales de alto perfil— y afirma que ha actuado bajo la expectativa de que el Gobierno venezolano financiaría su defensa basándose en las leyes y prácticas de su país.
En el documento, Maduro afirma:
“Entiendo que, bajo las leyes y prácticas de la República Bolivariana de Venezuela, tengo derecho a que el gobierno pague por mi defensa legal. Me he basado en esta expectativa y no puedo permitirme pagar mi propia defensa”.
Además, aseguró que está dispuesto a presentar pruebas de su situación patrimonial si el tribunal lo requiere para demostrar su incapacidad económica.
Bloqueo de fondos y respuesta legal
La comparecencia de Maduro ocurre en medio de una disputa legal sobre quién pagará por la defensa. La defensa argumenta que, según la legislación venezolana, el Estado está obligado a cubrir los costos de representación de su presidente. Sin embargo, las autoridades estadounidenses bloquearon la transacción de fondos venezolanos destinados a ese fin, impulsando una controversia legal que ahora forma parte central de la estrategia defensiva.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y responsable de administrar las sanciones financieras contra Venezuela, emitió inicialmente una licencia que autorizaba al gobierno venezolano a pagar los honorarios, pero la revocó en cuestión de horas, dejando a Maduro sin acceso a esos recursos.
Ante esta situación, la defensa legal solicitó la desestimación del caso, alegando que la negativa de la OFAC a permitir el uso de fondos del Estado venezolano para pagar la representación de Maduro “viola su derecho constitucional a elegir y financiar a su abogado de confianza”.
Derecho a la defensa y alegatos de la defensa
Los abogados de Maduro sostienen que la decisión de bloquear las transacciones financieras afecta el derecho del acusado a contar con un abogado de su elección, un principio protegido tanto por la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos como por normas internacionales de debido proceso.
La moción, presentada ante el juez Alvin K. Hellerstein, señala que si el tribunal no concede la desestimación, la defensa podría incluso solicitar autorización para que el abogado se retire del caso.
Contexto del proceso judicial en Nueva York
Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados en Caracas por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero, durante una operación militar que ha generado controversia internacional. Ambos se encuentran detenidos en una prisión federal de Brooklyn y se han declarado no culpables ante los cargos que enfrentan en una corte federal de Nueva York.
La acusación en su contra, que consta de varias páginas, incluye señalamientos de conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y otros delitos relacionados con narcotráfico, conspiración y violencia, delitos que, de comprobarse, podrían acarrear condenas de décadas de prisión.