Un presunto caso de estafa inmobiliaria ha generado conmoción en el estado Falcón, luego de que se conociera que un mismo apartamento, ubicado en el urbanismo 480 Años de Coro, habría sido vendido hasta en cuatro ocasiones a distintos compradores, con la aparente participación de profesionales del derecho.
De acuerdo con la información difundida por el medio regional Versión Morón, la irregularidad gira en torno a un inmueble situado en el edificio 30, primer piso, cuya descripción aparece repetida en al menos cuatro contratos distintos, cada uno suscrito con personas diferentes.
“Doy en venta pura y simple, perfecta e irrevocable… un inmueble constituido por un apartamento…”, señala el texto que figura en los documentos, lo que ha levantado sospechas sobre la legalidad de las transacciones.
Pagos en dólares y múltiples víctimas
El apartamento fue promocionado a través de Facebook Marketplace, una plataforma digital que ha sido objeto de reiteradas advertencias por parte de organismos de seguridad debido a su uso en fraudes. Atraídos por la oferta, varios interesados iniciaron negociaciones, aunque al menos cuatro ciudadanos concretaron pagos que alcanzaron hasta 11.000 dólares cada uno.
Las transacciones se realizaron mediante plataformas como Zelle, transferencias bancarias y dinero en efectivo. Según las investigaciones preliminares, el monto total obtenido por el presunto implicado rondaría los 40.000 dólares.
Investigación en curso
El caso ya fue asumido por organismos de seguridad, entre ellos el Servicio de Investigación Penal del estado Falcón (SIPEF) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), quienes adelantan las averiguaciones correspondientes.
El principal señalado ha sido identificado como Roger Alexander Medina Camacho, quien figura como adjudicatario del inmueble y actualmente se encuentra prófugo de la justicia, según reportes.
Abogados bajo la lupa
Uno de los aspectos más delicados del caso es la presunta participación de abogados locales, quienes habrían avalado los contratos de compra-venta pese a tratarse del mismo inmueble.
Las autoridades investigan la actuación de estos profesionales, quienes firmaron, visaron documentos ante el Inpreabogado e incorporaron membretes de sus bufetes para dar apariencia de legalidad a las operaciones. No se descarta la emisión de órdenes de captura en su contra.
Inmueble bajo resguardo
Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que el apartamento, pese a contar con adjudicación oficial y restricciones legales, fue objeto de múltiples transacciones. Tras destaparse el escándalo, el bien habría quedado bajo resguardo del Estado como parte del proceso.
Este caso vuelve a poner en evidencia los riesgos asociados a la compra de bienes inmuebles a través de canales informales, así como la necesidad de reforzar los mecanismos de verificación legal antes de concretar cualquier negociación.
Versión Morón IG