La Fiscalía General de Colombia inició un masivo proceso de extinción de dominio contra la marca Lili Pink, afectando más de 400 establecimientos comerciales en 59 ciudades del país, en el marco de una investigación por presunto contrabando y lavado de activos.
El operativo, considerado uno de los más grandes contra el comercio ilícito en los últimos años, también incluye la incautación de bienes, capturas y el desmantelamiento de una presunta red empresarial utilizada para actividades ilegales.
Investigación contra Lili Pink revela millonario esquema de lavado de dinero
De acuerdo con las autoridades, la investigación permitió identificar un complejo entramado criminal que operaba mediante:
- Importadoras
- Comercializadoras
- Empresas fachada o “sociedades de papel”
Este sistema habría sido utilizado para ingresar mercancía de manera irregular al país, incluyendo:
- Prendas de vestir
- Juguetes
- Cosméticos
Posteriormente, estos productos eran distribuidos en el mercado colombiano con apariencia de legalidad.
Según la Fiscalía, la red también empleaba mecanismos como la fragmentación de transacciones y la simulación de relaciones comerciales para dificultar la trazabilidad del dinero ilícito.
Cifras del caso Lili Pink: más de 730.000 millones de pesos en lavado
Las autoridades estiman que el impacto económico del esquema ilegal es significativo:
- Lavado de activos: 730.000 millones de pesos (más de 200 millones de dólares)
- Enriquecimiento ilícito: 430.000 millones de pesos
- Contrabando: más de 75.000 millones de pesos
- Mercancía incautada: millones de dólares en productos decomisados
Estas cifras posicionan el caso como uno de los más relevantes en materia de delitos financieros en Colombia.
Incautación de bienes: locales, inmuebles y vehículos
El proceso de extinción de dominio no solo afecta tiendas. En total, la Fiscalía ordenó medidas sobre:
- 405 locales comerciales
- 40 inmuebles
- 8 vehículos
- 1 sociedad empresarial
Las diligencias fueron ejecutadas con apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y fuerzas militares en múltiples regiones del país.
Mientras avanza el proceso judicial, los bienes quedarán bajo administración del Estado y podrán seguir operando bajo supervisión oficial.
Capturas y avance del proceso judicial
De forma paralela, las autoridades ejecutan órdenes de captura contra los presuntos responsables de estructurar las rutas del dinero y evadir controles aduaneros.
El caso, que se investiga desde hace varios años, se encuentra en una fase avanzada que permitió desplegar este operativo a gran escala en todo el territorio colombiano.
Lili Pink se pronuncia tras operativo
La marca, operada legalmente por Fast Moda S.A.S., confirmó que enfrenta un proceso administrativo y aseguró que su equipo legal trabaja para responder a las autoridades.
Asimismo, solicitó proteger:
- La estabilidad laboral de sus empleados
- La continuidad de la marca
- Su operación comercial
La empresa destacó su trayectoria de más de 20 años en el mercado y su impacto en la generación de empleo.
¿Qué pasará con Lili Pink en Venezuela?
El operativo en Colombia genera incertidumbre sobre la operación de Lili Pink en Venezuela, donde la marca mantiene presencia en ciudades como Caracas y Valencia.
En los últimos años, la firma ha impulsado su expansión regional con nuevas tiendas y puntos de venta en el país.
Sin embargo, hasta ahora:
- No hay un pronunciamiento oficial sobre afectaciones en Venezuela
- No se ha confirmado impacto en suministro o distribución
- Las operaciones internacionales continúan sin cambios públicos
Un golpe al contrabando en América Latina
El caso Lili Pink marca un precedente en la lucha contra el comercio ilegal en la región, al evidenciar cómo estructuras empresariales pueden ser utilizadas para encubrir operaciones ilícitas a gran escala.
Las autoridades colombianas continúan avanzando en el proceso judicial, que definirá el futuro de los activos intervenidos y la responsabilidad de los implicados.
Lili Pink fue creada hace más de 20 años, la compañía de ropa interior femenina y de belleza surgió de la idea de la familia Abadi, más concretamente Max Abadi y su hijo David.
Según una investigación del medio El Colombiano, el caso se remonta a 2022, cuando la Dian puso en funcionamiento un sistema interno de monitoreo conocido como “el Ojo de la Dian”.
Esta herramienta fue diseñada para vigilar en tiempo real la actividad de los funcionarios de la entidad y detectar posibles irregularidades en el manejo de información tributaria. Fue precisamente este sistema el que empezó a evidenciar accesos inusuales a bases de datos y consultas de información que no correspondían a las labores de algunos funcionarios.
Las alertas generadas por el software, de acuerdo con El Colombiano, llevaron a los investigadores a descubrir una presunta red de contrabando textil que, según las autoridades, habría operado mediante el uso de documentos falsos, solicitudes irregulares de devoluciones de IVA y consultas indebidas de información tributaria.
Estas irregularidades despertaron sospechas sobre posibles maniobras para facilitar el ingreso de mercancía al país sin cumplir con los controles aduaneros.
A partir de estos hallazgos, la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación que hoy se traduce en una operación judicial de gran alcance. Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizaron allanamientos y procedimientos de extinción de dominio en más de 300 tiendas relacionadas con la marca en diferentes ciudades del país para determinar si incurrió en algún delito.