Miranda. Párroco de Los Jobitos insta a los funcionarios a respetar los derechos humanos

A través de un comunicado, el padre Rubén Martínez, párroco de Nuestra Señora del Carmen de Los Jobitos, municipio Mirada, hizo un llamado acerca de la situación de emergencia al considerar que funcionarios han asumido acciones fuera del debido proceso.

Con la muerte del teniente Ebert González Morles en Punta de Iguana, Santa Rita, autoridades estiman que los responsables corresponden a bandas que hacen vida en el municipio Miranda, Costa Oriental del Lago.

«Quiero hacer un llamado al pueblo jobitero, mantengan la calma y la oración. Confiando en la misericordia de Dios. Un segundo llamado a los oficiales que están realizando el operativo, sigan cumpliendo con su deber pero háganlo bien, respetando los derechos humanos; la dignidad de las personas», expresó.

Además hizo un llamado a los fiscales y los instó a que vayan a atender la realidad que se está presentando en Los Jobitos, municipio Miranda, del estado Zulia.

A continuación el comunicado:

Alertamos a la opinión pública, a la Fiscalía Del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, al Poder Judicial y las Organizaciones de Derechos Humanos Nacionales e Internacionales, sobre la situación de emergencia, que agobia a los habitantes de la Parroquia San José del Municipio Miranda del Estado Zulia.

A partir de la lamentable muerte de un funcionario militar en un enfrentamiento con bandas criminales, diferentes cuerpos de seguridad, han tomado represalias en contra de la ciudadanía en general de las comunidades de la Parroquia San José del Municipio Miranda del Estado Zulia, sin desarrollar las necesarias pesquisas y actividades de inteligencia e investigación, para determinar los autores del repudiable hecho; mucho menos se ha efectuado en el tiempo, el trabajo necesario y permanente para desarticular al crimen organizado que azota al Municipio.

La desmedida acción policial y militar, se está desarrollando en forma violenta incumpliendo los estándares y procedimientos nacionales e internacionales, transgrediendo los derechos de todos los ciudadanos por igual, incluyendo familias trabajadoras y decentes, violándose el Debido Proceso, el Secreto y Privacidad de las Comunicaciones, el Derecho a la Inviolabilidad de la Propiedad Privada y el Hogar Doméstico.

Siendo el caso que los moradores de las comunidades costeras, aseguran que además han sido asaltados, saqueados, robados, sus negocios y hogares destruidos, e incluso han sido extorsionados, por parte de algunos funcionarios policiales y militares inescrupulosos. Del mismo modo, la comunidad reclama detenciones arbitrarias, donde se está utilizando la escuela Juan Vicente González de la población de Los Jobitos, como un centro de detenciones improvisado, donde denuncian que imperan torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Esta situación además de conculcar los derechos establecidos en los artículos 44, 45, 46, 47, 48 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela e innumerables instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, contraviene las instrucciones que ha dictado el Fiscal General de la República respecto que, en todo allanamiento, debe estar presente un Fiscal del Ministerio Público. Por ello exigimos que de inmediato el Ministerio Público tome las acciones correspondientes, para que Fiscales en materia de Derechos Fundamentales acompañen operativos de esta naturaleza y magnitud.

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