El fiscal general de la República, Tarek William Saab, anunció este lunes la apertura de una investigación penal contra el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y otros dos altos funcionarios de su gobierno, por presuntos crímenes de tortura, tratos crueles, inhumanos, degradantes y desapariciones forzadas cometidos contra migrantes venezolanos detenidos en ese país centroamericano.
El anuncio se produce tras el arribo a Venezuela de 252 ciudadanos venezolanos que permanecían detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, como parte de un canje acordado entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela.
“Aspiramos a que los organismos internacionales hagan lo que les corresponde y dejen de ser cómplices de quienes han degradado la dignidad humana. El Ministerio Público estará atento y seguirá actuando en favor del Comité de Víctimas”, expresó Saab en rueda de prensa.
Designan fiscales y recogen pruebas
El titular del Ministerio Público informó que se designaron tres fiscales con competencia nacional en materia de derechos humanos para avanzar en la investigación penal. Detalló que, como parte de las diligencias preliminares, se realizaron 19 asistencias psicosociales a repatriados, de las cuales se desprende que muchos de ellos presentan trastornos emocionales severos, traumas psicológicos y estrés postraumático agudo.
Asimismo, se han registrado 123 denuncias formales documentadas de presuntos abusos sufridos por venezolanos durante su detención en territorio salvadoreño.
“Durante todo el fin de semana, más de 80 funcionarios del Ministerio Público trabajaron sin descanso durante 48 horas continuas para brindar atención integral a los repatriados”, subrayó Saab.
Testimonios de los repatriados: “un trato inhumano y sistemático”
Los testimonios recabados por el Ministerio Público describen condiciones de detención inhumanas dentro del penal de máxima seguridad salvadoreño. Según las declaraciones, los migrantes venezolanos habrían sido sometidos a:
- Aislamiento prolongado en celdas sin luz solar ni ventilación.
- Alimentación en estado de descomposición.
- Negación de atención médica a personas enfermas.
- Maltratos físicos, como mantenerlos arrodillados durante horas sobre pisos abrasivos.
- Golpizas sistemáticas y uso de perdigones contra quienes reclamaban por las agresiones.
- Abusos sexuales, especialmente durante los traslados a las celdas, supuestamente por parte del personal custodio.
Saab aseveró que los relatos coinciden en atribuir estas acciones a una cadena de mando que tendría como máximo responsable al presidente Nayib Bukele.
“Según nuestros compatriotas, todo esto fue ordenado directamente por el presidente salvadoreño. Las agresiones eran constantes, diarias. Se trata de hechos que deben ser investigados a fondo por su gravedad y dimensión sistemática”, sostuvo.
“Fue un milagro reencontrarlos con sus familias”
El fiscal general calificó el retorno de los migrantes como “un milagro”, considerando que se trató de personas que, en muchos casos, habían sido detenidas arbitrariamente, sin cargos formales y sin derecho a defensa legal o contacto con sus familias.
La mayoría de los repatriados fueron arrestados bajo la polémica política de “régimen de excepción” implementada por Bukele en 2022, medida que ha sido cuestionada por organismos internacionales como la ONU y Human Rights Watch por violar garantías fundamentales y el debido proceso.
Acuerdo bilateral: canje entre Venezuela y EE.UU. permitió liberación
El viernes 18 de julio, un vuelo especial aterrizó en Venezuela con los 252 venezolanos liberados desde el CECOT, como parte de un canje diplomático entre Estados Unidos y Venezuela, confirmó el presidente Nicolás Maduro.
“Han llegado a la patria y han sido liberados de los campos de concentración de Nayib Bukele. Fue un acuerdo que permitió el regreso de nuestros compatriotas”, expresó el mandatario durante un acto oficial.
Maduro detalló que, como parte del intercambio, su gobierno entregó a Estados Unidos a diez ciudadanos estadounidenses, acusados y condenados por delitos de terrorismo y espionaje en territorio venezolano.
“Se trataba de agentes de la CIA convictos y confesos que buscaban ejecutar actos de violencia en Venezuela y atentar contra líderes políticos. Fue un canje humanitario y soberano”, precisó Maduro.