El consultor en petróleo y gas y expresidente de Citgo, José Pereira Ruimwyk, aseguró que el nuevo reglamento de la Ley Orgánica de Hidrocarburos introduce modificaciones relevantes para las empresas interesadas en invertir en el sector energético venezolano.
A través de sus redes sociales, el especialista analizó los principales cambios del instrumento legal y afirmó que el nuevo marco regulatorio ofrece mayor claridad sobre las condiciones de operación, aunque advirtió que su éxito dependerá de la forma en que sea aplicado y de la confianza que logre generar entre los inversionistas.
Nuevo régimen fiscal para las empresas petroleras
Uno de los cambios más importantes es la creación de la Alícuota Agregada, un mecanismo que unifica en un solo pago las regalías y el Impuesto Integrado de Hidrocarburos (IIH).
Según Pereira, la carga fiscal oscilará entre 20 % y 35 %, dependiendo del tipo de proyecto. Además, los desarrollos costa afuera podrán acceder a una reducción de cinco puntos porcentuales, así como aquellos que incorporen procesos de mejoramiento o refinación de crudo.
El reglamento también faculta al Ejecutivo para decidir si estos pagos se realizan en efectivo o mediante la entrega directa de barriles de petróleo.
Tecnología, inteligencia artificial y control ambiental
La normativa establece nuevas exigencias para las compañías que deseen incorporar tecnologías inéditas en el país. En esos casos, será obligatorio obtener la autorización previa del Ministerio de Hidrocarburos y ejecutar un proceso formal de transferencia tecnológica al Estado, respetando los derechos de propiedad intelectual.
Asimismo, toda nueva infraestructura petrolera deberá contar con sistemas capaces de medir y monitorear en tiempo real las emisiones de gases de efecto invernadero, incluyendo el uso de inteligencia artificial para fortalecer el control ambiental.
El reglamento también exige que las empresas dispongan de personal certificado para medir, reportar y verificar dichas emisiones conforme a estándares internacionales.
Sanciones más severas para las empresas
Pereira destacó que el nuevo reglamento incorpora un régimen sancionatorio mucho más amplio y riguroso.
Entre las medidas previstas figuran multas de mayor cuantía, la revocatoria de autorizaciones para operar, la rescisión de contratos e incluso la inhabilitación para contratar con el Estado durante un período de hasta 15 años en los casos más graves.
También advirtió que modificar la composición accionaria de una empresa sin autorización previa podrá convertirse en una causal para la terminación del contrato.
Arbitraje y resolución de controversias
Otro de los aspectos incorporados en la normativa es la posibilidad de resolver controversias mediante mecanismos de arbitraje.
No obstante, Pereira señaló que antes deberán desarrollarse normas específicas que regulen su aplicación, por lo que el esquema aún requiere definiciones adicionales.
Empresas tendrán plazos para adaptarse
El reglamento también fija períodos de adecuación para que las compañías ajusten sus operaciones al nuevo marco legal y cumplan con las nuevas obligaciones regulatorias.
Finalmente, el experto consideró que la normativa representa un avance en materia de seguridad jurídica y organización del sector, aunque insistió en que el verdadero desafío será su ejecución.
«Este reglamento aporta mayor claridad operativa, pero la verdadera prueba será su implementación y la confianza que genere entre los inversionistas», concluyó Pereira.