Tras la llegada a Chile de Rafael Gámez Salas («El Turko») y Luis Carrillo Ortiz («El Gocho») —extraditados desde Estados Unidos y Colombia por la PDI—, el fiscal Héctor Barros reforzó la tesis del móvil político tras el asesinato del exmilitar y refugiado venezolano Ronald Ojeda, ocurrido en febrero de 2024.
Previo a la audiencia de formalización en el Centro de Justicia de Santiago por secuestro, homicidio e inhumación ilegal, el jefe de la Fiscalía Metropolitana Sur descartó un secuestro extorsivo convencional y apuntó directamente al ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, como el articulador financista de la operación ejecutada por la facción «Los Piratas» del Tren de Aragua.
«Seguimos sosteniendo que hay participación del régimen chavista y que el móvil es político. Sería el delito más estúpido cometido por el Tren de Aragua si fuera un secuestro convencional, porque no pidieron rescate a la familia. Los antecedentes muestran que sí hubo un pago, gestionado directamente desde Caracas por Diosdado Cabello», aseveró Barros.
Según el persecutor, la célula criminal recibió un anticipo de al menos el 50% de la suma pactada, dinero que fue retenido por la cúpula de la organización transnacional.
El estado de la causa criminal
- Detenidos: 26 personas vinculadas en Chile y el extranjero (19 a la espera de juicio y 3 condenadas).
- Prófugos: 6 sospechosos con notificación roja de Interpol, incluidos los sujetos que se disfrazaron de policías para secuestrar a Ojeda en Independencia, quienes estarían ocultos en Venezuela.
Por su parte, el fiscal nacional, Ángel Valencia, se refirió a las gestiones para interrogar a Nicolás Maduro, actualmente bajo custodia en Estados Unidos. Valencia explicó que el Ministerio Público ha cumplido con los trámites correspondientes, pero la diligencia depende de negociaciones diplomáticas. Añadió que las autoridades estadounidenses advirtieron que un interrogatorio en este momento podría interferir con sus propias investigaciones.
Manuel Arends