El marco legal de la reconciliación en Venezuela podría ampliarse mediante decretos directos del Ejecutivo, afirmó este sábado Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. La declaración se da en el contexto de la reciente aprobación de la nueva Ley de Amnistía, que ha generado debate sobre su alcance y limitaciones legales.
Rodríguez aclaró que, aunque la vigencia de la ley de amnistía ya no es el único mecanismo disponible para favorecer la libertad de detenidos, no se cierra la puerta a medidas de gracia o indultos por parte del Ejecutivo nacional para quienes quedaron fuera de los estrictos parámetros de la normativa.
Durante un encuentro en Caracas sobre la regulación de la Cruz Roja, el legislador explicó que “muchas otras personas están siendo consideradas, no en el ámbito que contempla la ley de amnistía, porque es muy específico su ámbito, sino en el ámbito de medidas de gracia o de indulto por parte del Ejecutivo nacional”, señaló.
Rodríguez también subrayó que la promulgación de la ley no representa el final del proceso de reconciliación, sino el inicio de una nueva fase de evaluaciones y medidas adicionales por parte del Estado venezolano. En ese sentido afirmó que ahora se abre “un espacio para que organismos técnicos tomen el relevo” en el tratamiento de casos no cubiertos por la ley.
La Ley de Amnistía, aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional y firmada por la presidenta interina Delcy Rodríguez, ha beneficiado ya a cientos de personas detenidas por motivos políticos, pero sus criterios específicos y exclusiones han sido objeto de críticas de organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición.
En Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez mencionó como ejemplo el caso del exdiputado y dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, quien fue liberado tras la aprobación de la ley pese a que, según el presidente del Parlamento, inicialmente no le correspondía la amnistía bajo los criterios establecidos.
Este debate llega en medio de un proceso político complejo en Venezuela, donde el Ejecutivo busca equilibrar las demandas internas de justicia y reconciliación con presiones externas y expectativas de apertura política. El presidente de la Asamblea ha insistido en que el avance de la reconciliación legal implica no solo aplicar la ley vigente, sino explorar mecanismos adicionales para garantizar libertades a quienes han sido excluidos del marco parlamentario de amnistía.

