En una breve sesión celebrada este miércoles en la Corte del Distrito Sur de Manhattan, el juez federal Alvin Hellerstein fijó el inicio del juicio por narcotráfico contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.
La fecha establecida para el inicio del juicio será el 1 de junio de 2027 a las 11:00 a. m. La decisión responde a la solicitud de la defensa de la pareja, capturada el pasado 3 de enero en Caracas mediante una operación militar estadounidense.
Detalles de la comparecencia y cronograma previo
Durante la tercera audiencia preliminar, Maduro ingresó a la sala vistiendo el uniforme penitenciario color caqui y calzado deportivo, sin esposas. Tras saludar a su equipo legal, ocupó su lugar junto a Cilia Flores en un procedimiento que concluyó en pocos minutos:
- Calendario «realista»: Barry Pollack, abogado defensor de la pareja, calificó el cronograma acordado como adecuado para la preparación de la causa.
- Mociones sobre inmunidad (2026): En septiembre inicia la primera fase de mociones centrada en argumentos de jurisdicción e inmunidad diplomática como jefe de Estado. La Fiscalía responderá el 2 de octubre y la defensa replicará el 16 de octubre, proyectando una audiencia clave para noviembre.
- Segunda fase procesal (2027): Entre enero y marzo de 2027 se desarrollará la segunda ronda de mociones antes de la apertura formal del juicio en junio.
Antecedentes del caso en Nueva York
El proceso judicial contra la pareja ha avanzado de forma acelerada desde su detención en Venezuela:
- Primera audiencia (5 de enero): Dos días después de la intervención militar —que dejó más de 100 fallecidos, entre civiles, militares venezolanos y 32 integrantes de la Guardia Presidencial cubana—, la pareja compareció por primera vez ante el juez Hellerstein. Ambos se declararon inocentes y Maduro se definió como «prisionero de guerra».
- Segunda audiencia (26 de marzo): El tribunal desestimó la petición de la defensa de anular el caso por el bloqueo de fondos interpuesto por EE. UU., argumento con el que el abogado alegaba una vulneración al derecho a la defensa de sus representados.