El vocero oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, informó que Washington se encuentra en un proceso de revisión de su política sancionatoria hacia Venezuela.
La medida responde a los acontecimientos recientes que han «socavado» las posibilidades de celebrar elecciones presidenciales libres y competitivas.
En concreto, el funcionario estadounidense hizo referencia a las sentencias publicadas por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en las que se decidió mantener las medidas de inhabilitación política contra el dirigente de Primero Justicia, Henrique Capriles Radonski, y la candidata presidencial unitaria, María Corina Machado.
«La decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de mantener las inhabilitaciones de María Corina Machado y Henrique Capriles Radonski socavan unas elecciones presidenciales competitivas. En función de esta acción y la persecución contra la oposición y la sociedad civil, Estados Unidos revisa nuestra política sancionatoria», explicó Miller en su cuenta en la red social X.
Estados Unidos aprobó en octubre una serie de licencias que contemplaban una flexibilización de sanciones en el sector petrolero y minero.
Estos permisos tenían vigencia de seis meses, pero estaban sujetas a revisión en caso de que el chavismo no avanzara en la implementación de los compromisos que adquirió al firmar los acuerdos en Barbados.
«La decisión de la Corte Suprema de Venezuela del 26 de enero de descalificar a la ganadora de las primarias de la oposición democrática, María Corina Machado, es inconsistente con el compromiso de los representantes de Nicolás Maduro de celebrar unas elecciones presidenciales venezolanas competitivas en 2024. El proceso de reinstalación careció de elementos básicos, ya que Machado no recibió una copia de la acusaciones contra ella ni se le dio la oportunidad de responder a ellas», fija un comunicado del Departamento de Estado.