La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) acordó reiniciar formalmente las actividades judiciales y administrativas en los circuitos judiciales penales de Venezuela. Con esta medida se restablece plenamente el despacho judicial, la atención al público y el cómputo de los lapsos procesales en las respectivas jurisdicciones del país.
La disposición quedó oficializada en la resolución Nº 2026-0003, publicada en la Gaceta Oficial número 43.410 con fecha del pasado 7 de julio.
Un retorno escalonado por razones de seguridad
El documento del máximo tribunal del país recuerda que la paralización temporal de los lapsos respondió al decreto de Emergencia Nacional dictado tras los devastadores terremotos del pasado 24 de junio.
Tras un proceso continuo de evaluación técnica, operativa y de infraestructura en las distintas sedes del territorio nacional, el TSJ concluyó que el avance de las inspecciones permite un retorno seguro:
- Condiciones evaluadas: Los análisis determinaron que existen condiciones logísticas diferenciadas según cada región.
- Prioridad: El plan busca un retorno escalonado a las actividades ordinarias, resguardando la integridad física del personal judicial y de los usuarios del sistema.
La gran excepción: Caracas, La Guaira y Miranda
La resolución original del TSJ aclaró de forma taxativa que quedaban exceptuados de la reanudación inmediata de actividades los circuitos judiciales penales del Área Metropolitana de Caracas, La Guaira y el estado Miranda. En estas tres entidades se ordenó mantener un régimen de guardias estrictas para atender de forma exclusiva los asuntos urgentes y flagrancias.
Caracas reactiva sus funciones un día después
A pesar de la restricción inicial dictada por la Sala Plena, la situación en la capital evolucionó rápidamente. El pasado 8 de julio, el Circuito Judicial Penal de Caracas anunció su reinicio formal de actividades.
La reanudación en la capital fue divulgada a través de un comunicado oficial firmado por el presidente de dicha jurisdicción, el juez John Parody, quien reiteró el compromiso de la institución de garantizar una administración de justicia expedita, accesible y segura tras superar la fase crítica de la contingencia sísmica.
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