José Gregorio Figueroa @figueroazabala
El encaje legal es una herramienta de política monetaria utilizada por el Banco Central para regular la liquidez en el sistema financiero.
En Venezuela, las entidades bancarias están obligadas a mantener un encaje mínimo del 73% sobre el total de sus captaciones, según lo establecido en la Gaceta Oficial N.º 43.312 del 4 de febrero de 2022. Esta normativa se aplica a la mayoría de las instituciones financieras, mientras que las microfinancieras deben mantener un encaje mínimo del 40%.
Este elevado porcentaje de encaje tiene consecuencias significativas para la economía nacional, especialmente en lo que respecta al acceso al crédito. La imposibilidad de liberar una parte sustancial de los depósitos para ser utilizados como préstamos limita severamente la capacidad de las instituciones bancarias para ofrecer financiamiento tanto a empresas como a consumidores. Este fenómeno es particularmente crítico en un contexto donde la recuperación económica es esencial para reactivar el sector productivo.
La continua devaluación del bolívar —que ha sufrido diversas reconversiones, eliminando 14 ceros desde 2018— ha llevado a un uso creciente del dólar en el comercio nacional, tras la derogación de la ley de ilícitos cambiarios. Aunque esto ha permitido cierta flexibilidad, también ha creado un entorno donde el acceso a créditos en moneda local se vuelve cada vez más complicado.
Los ciudadanos, incluidos aquellos que no son empresarios, dependen de tarjetas de crédito que, a pesar de algunos incrementos en sus montos asignados, siguen siendo insuficientes para satisfacer sus necesidades.
El alto encaje legal no solo restringe el acceso al crédito, sino que también afecta la liquidez del sistema financiero y reduce la demanda de dólares, empujando a los actores económicos hacia el mercado paralelo. Esta dinámica limita las inversiones y dificulta la creación de relaciones comerciales sólidas con proveedores, lo que resulta en un sector económico estancado.
En resumen, el encaje legal elevado en Venezuela tiene un impacto adverso en la política crediticia, afectando tanto a empresas como a consumidores y obstaculizando la actividad económica en general. Es fundamental reconsiderar estas medidas para fomentar un entorno financiero más saludable que impulse la reactivación económica y ofrezca oportunidades reales de crecimiento al sector productivo del país.