La ciudad de Doral, en el condado Miami-Dade, teme no volver a ser la misma de ahora en adelante. Hay quien dice que se vaciarán los negocios y las calles, que la gente se callará la violencia antes de denunciarla, que el temor se expandirá entre los inmigrantes de la comunidad. Cuando los agentes de la policía se alíen, mano a mano, con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), tal como tienen planeado las autoridades locales, el bastión venezolano de Estados Unidos será un lugar peligroso para sus habitantes.
“Solo puedo pensar en el miedo, en la desconfianza que esto va a provocar entre las personas”, asegura la venezolana Adelys Ferro, directora ejecutiva de la organización liberal Venezuelan American Caucus. “La sola posibilidad de que la policía comience a colaborar directamente con el ICE, es preocupante, desoladora”. La incertidumbre embarga a los vecinos de la ciudad, desde que se supiera que el Ayuntamiento del Doral está próximo a cerrar un acuerdo con el ICE, que dará luz verde a la policía para realizar lo que por ley toca a las autoridades migratorias: interrogar, detener y procesar a inmigrantes. Un reporte del medio Miami Herald asegura que se espera que este miércoles se autorice dicha colaboración.
Según funcionarios locales, el acuerdo “no pretende criminalizar a los inmigrantes que viven en Doral”. Sin embargo, los residentes de la ciudad conocida como “Doralzuela”, donde el 40% de la población es de origen venezolano y el 70% nacida fuera del país, teme lo que el pacto entre el ICE y la policía local pueda suponer para la comunidad. En Doral se concentra la mayor cantidad de inmigrantes venezolanos de Estados Unidos, que apoyaron con fuerza a Donald Trump en las elecciones del pasado mes de noviembre. Por eso, Ferro cree que esta nueva medida es “una traición a la confianza depositada por los venezolanos en sus autoridades locales”.