La presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, Dinorah Figuera, informó que el próximo ciclo de conversaciones entre representantes de la oposición y el Gobierno encargado de Venezuela se desarrollará en septiembre y tendrá entre sus principales temas la discusión sobre los derechos políticos y civiles.
Durante una conferencia organizada por la Vicepresidencia de Formación de Primero Justicia, Figuera calificó las garantías políticas como un asunto de «vital importancia» y aseguró que existe una amplia agenda por abordar en los próximos encuentros.
La dirigente vinculó este debate con la reforma del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) acordada durante la primera ronda de conversaciones, al considerar que la transformación del sistema judicial debe estar relacionada con la protección de los derechos ciudadanos.
«Implicar este tema de la reforma del TSJ y vincularlo con las otras instancias de temas que vamos a trabajar nos lleva a nosotros a hacer una síntesis de todo el sistema de justicia que tiene que ver con estos derechos», explicó.
Restitución de derechos políticos
Figuera señaló que las garantías políticas también deben incluir la restitución de las tarjetas y siglas de organizaciones políticas que han sido inhabilitadas o sometidas a procedimientos administrativos que, a su juicio, han limitado su funcionamiento.
La propuesta contempla además recuperar el derecho de participación electoral de dirigentes y actores políticos que, según denunció, han sido criminalizados, perseguidos o forzados al exilio.
Otro de los planteamientos está relacionado con la revisión de normas que, de acuerdo con la dirigente, han restringido el trabajo de organizaciones de la sociedad civil y ONG.
Entre las leyes que mencionó figuran la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, así como la normativa sobre fiscalización, regulación, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro.
Figuera sostuvo que estas normas han limitado el ejercicio de derechos democráticos y deben ser revisadas dentro del proceso de conversaciones.
Libertad para los presos políticos
La dirigente opositora también colocó la libertad de los presos políticos entre las prioridades del proceso y aseguró que su exigencia constituye un compromiso ético y moral.
Figuera valoró las recientes excarcelaciones producidas en el marco de las conversaciones, pero insistió en que el tema debe abordarse desde una perspectiva institucional y evitar que sea utilizado como una herramienta de confrontación partidista.
«No utilizar el tema de los presos políticos como un instrumento de lucha partidista o política, sino todo lo contrario», señaló.
A su juicio, la transformación del sistema judicial debe tener como objetivo garantizar que las leyes se conviertan efectivamente en instrumentos de protección de los derechos humanos.
Proceso para designar un nuevo TSJ
Figuera también llamó a ciudadanos, universidades e instituciones a participar en el proceso de selección de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.
«Invitamos a las mujeres y hombres honorables del país a que acudan, a que participen», expresó, al destacar la necesidad de que el proceso cuente con una amplia participación y contribuya a consolidar un Poder Judicial con legitimidad institucional.
La dirigente afirmó que Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y jefe de la delegación del Gobierno encargado en las conversaciones, aceptó discutir la transformación integral del TSJ.
Según Figuera, este proceso contempla cuatro áreas de trabajo y fue colocado como una prioridad antes de abordar una eventual reforma del Consejo Nacional Electoral (CNE).
La opositora justificó esta decisión al recordar el papel que, según su valoración, desempeñaron las salas Electoral y Constitucional del máximo tribunal en decisiones que «limitaron la soberanía del voto y afectaron la voluntad de los venezolanos».
¿Qué se acordó en el primer ciclo de diálogo?
El Gobierno de Venezuela y representantes de la Asamblea Nacional electa en 2015 concluyeron el pasado 12 de agosto el primer ciclo de conversaciones, con acuerdos centrados en dos áreas: la atención a las víctimas del doble terremoto del 24 de junio y la transformación del sistema de justicia.
Durante la lectura del comunicado transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), las delegaciones informaron que habían aprobado la metodología de funcionamiento del proceso y de las mesas técnicas.
En esta primera etapa fueron instaladas dos instancias de trabajo: una destinada a atender la emergencia provocada por los terremotos y otra enfocada en el fortalecimiento de la democracia, el Poder Judicial y el Poder Electoral.
En materia de atención a los afectados por los sismos, las partes acordaron impulsar programas relacionados con vivienda, electricidad, salud y recolección de escombros.
También plantearon concentrar esfuerzos en la recuperación de los activos de reserva internacional de Venezuela depositados en el Banco de Inglaterra, bajo mecanismos de transparencia, trazabilidad y auditoría.
El objetivo, según el acuerdo, es garantizar que esos recursos sean utilizados de manera eficiente para atender las necesidades de las personas afectadas por la emergencia.
El segundo acuerdo contempla el inicio de un proceso de transformación del sistema de justicia venezolano, que incluye la reforma de la Ley Orgánica del TSJ y de otras normas vinculadas con el Poder Judicial.
Asimismo, se acordó renovar y ampliar el Comité de Postulaciones Judiciales, iniciar un nuevo proceso de postulación para la designación de todos los magistrados del TSJ y conformar un consejo encargado de evaluar las credenciales y requisitos de los aspirantes.
De acuerdo con lo anunciado por las delegaciones, el cronograma de ejecución comenzó en agosto con los primeros anuncios y acciones concretas, bajo un mecanismo de trabajo continuo destinado a garantizar el cumplimiento de los compromisos alcanzados.
El próximo ciclo, previsto para septiembre, tendrá como uno de sus ejes centrales la discusión sobre las garantías políticas y civiles, un tema que podría ampliar el alcance de las conversaciones y poner sobre la mesa asuntos como la participación electoral, la situación de los presos políticos, las organizaciones partidistas y las libertades civiles.