Los aranceles para registrar la propiedad de inmuebles en registros y notarías oscilan efectivamente entre 5% y hasta 40% del valor de estos activos, cuando la Ley de Registros y Notarías establece que esta imposición no debe ser mayor a 2%.

Al respecto, el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV), Roberto Orta Martínez, señaló que este es un «impuesto velado a la adquisición de inmuebles».

El problema es que los registradores tienen la potestad de hacer un avalúo propio de la propiedad a registrar para evitar evasiones y, de acuerdo con el criterio de Orta Martínez, establecen precios muy elevados, muy por encima de los promedios de mercado, lo que incrementa los aranceles, al aplicar el porcentaje previsto en la Ley.

«Pueden ocurrir dos cosas, una es que la transacción no se concrete, porque el precio con el arancel es demasiado elevado o se concreten operaciones con documentos no registrados, lo que genera inseguridad jurídica, ya que el único mecanismo de traspaso legal de la propiedad es el registro», indicó Orta Martínez, en entrevista con Unión Radio.

Igualmente, puede ocurrir que se renegocien los términos de la operación ante el impacto de los aranceles que cobran los registros públicos.

El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV), Roberto Orta Martínez, recomendó a los afectados por sobreestimaciones de aranceles en algún registro presentar un recurso jerárquico ante el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN) con los soportes necesarios para demostrar el valor real de la propiedad.

Según Orta, «muchas personas» han conseguido que el SAREN corrija los precios establecidos para el cobro del arancel.

«Hemos llevado este tema a los Ministerios de Vivienda y de Comercio, porque, en una situación como la actual, cuando no hay financiamiento, esta es una pared para el desenvolvimiento del mercado», apunta el dirigente gremial.