La crisis judicial que rodea al Banco del Orinoco NV vuelve a sacudir al sector financiero venezolano. Los síndicos procuradores de la quiebra de la entidad, Michiel Gorsira y Danilo Narváez, presentaron una denuncia penal contra el grupo propietario del banco, encabezado por el empresario Víctor Vargas Irausquín, fundador del Banco Occidental de Descuento (BOD).
Según el documento al que tuvo acceso Crónicas del Caribe, la acusación atribuye dos delitos principales al grupo financiero: quiebra fraudulenta y forjamiento de documentos.
Acusan a directivos del grupo Cartera por quiebra fraudulenta
Los síndicos señalan que la responsabilidad por el delito de quiebra fraudulenta recae sobre los miembros del grupo Cartera, propietario del Banco del Orinoco NV, cuya junta directiva incluía a Víctor Vargas, Joel Santos, Santos Alonso Ramos y Luis Alfonso de Borbón Martínez-Bordiú.
Por su parte, el presunto forjamiento de documentos se le atribuye directamente a Vargas, quien enfrenta una investigación penal individual.
La quiebra del Banco del Orinoco fue declarada en 2019, luego de que el Banco Central de Curazao revocara la licencia que le permitía operar desde 1993.
Auditorías de KPMG revelaron irregularidades en los bonos del banco
De acuerdo con la denuncia, las primeras señales de alerta surgieron durante auditorías realizadas por la firma KPMG en 2016 y 2017, cuando los expertos expresaron dudas sobre la existencia real de un portafolio de bonos que debía respaldar los depósitos de unos 7.200 clientes, con un valor estimado de 892 millones de dólares.
Los auditores cuestionaron si el grupo de Vargas era realmente propietario de esos bonos, lo que impidió incluirlos en los estados financieros del Banco del Orinoco NV. Este hallazgo fue clave para que el Banco Central de Curazao decidiera anular la licencia de la institución.
En su defensa, el grupo Cartera insistió en que los bonos tenían un valor nominal de 1.500 millones de dólares, suficientes —según ellos— para cubrir todas las obligaciones con los cuentahabientes.
Cuatro años de negociaciones y presunto documento falso
Tras la quiebra, Cartera anunció que buscaría un arreglo crediticio para saldar las deudas, pero el proceso se extendió durante cuatro años sin resultados concretos.
En noviembre de 2024, durante una audiencia, los acreedores rechazaron la propuesta de un nuevo acuerdo, al considerar que los representantes del grupo no ofrecían información verificable sobre los fondos disponibles.
En medio del proceso, los abogados de Cartera afirmaron que los bonos estaban bajo custodia de la firma Farringdon, en Singapur. El 11 de octubre de 2024, presentaron un correo electrónico supuestamente enviado por el CEO de esa compañía, Martin Young, confirmando la tenencia de los títulos.
Sin embargo, tres días después, el propio Young desmintió el mensaje, aclarando que el correo era falso y que había sido enviado desde un dominio apócrifo (@farringdon-group.com). Este hecho originó la imputación a Vargas por presunto forjamiento de documentos.
El grupo Cartera se defiende: “Las acusaciones son infundadas”
La denuncia penal fue presentada en marzo de 2025, aunque la información se difundió públicamente semanas recientes. En respuesta, el grupo Cartera envió un comunicado a los exclientes del Banco del Orinoco, calificando de “infundadas” las acusaciones presentadas por los síndicos.
Cartera sostiene que los datos públicos contradicen lo que consta en el expediente judicial, y detalla que las acreencias iniciales ascendían a 847,4 millones de dólares, de los cuales ya habrían pagado 386 millones, quedando un saldo pendiente de 461,2 millones.
Además, el grupo criticó las actuaciones de algunos abogados que representan a los acreedores, calificándolas de “extorsivas” y señalando que solo agrupan al 5% de los afectados.
Prometen pagar al 70% de los acreedores para 2025
En su defensa, Cartera afirmó haber suscrito acuerdos con 630 acreedores y proyecta que para finales de 2025 estos convenios abarcarán al 70% de los cuentahabientes.
También aseguraron haber diseñado mecanismos de pago simplificados para deudas inferiores a 20.000 dólares, con el fin de garantizar mayor rapidez y seguridad. Según el comunicado, el grupo ha remitido seis informes formales al juez supervisor y a los síndicos desde diciembre de 2024.
“Estas acciones reflejan nuestro compromiso con la transparencia y el cumplimiento”, indicó Cartera en la misiva enviada por correo electrónico y confirmada a Crónicas del Caribe.
Un caso que sigue bajo investigación
El caso del Banco del Orinoco NV continúa bajo investigación en Curazao, donde las autoridades judiciales analizan las pruebas presentadas por los síndicos y las respuestas del grupo Cartera.
La denuncia por quiebra fraudulenta y falsificación documental podría derivar en sanciones penales y financieras contra los responsables si se comprueba la veracidad de las acusaciones.
Mientras tanto, los antiguos cuentahabientes esperan que finalmente se aclare el destino de los fondos que depositaron en la entidad que alguna vez formó parte del poderoso conglomerado bancario de Víctor Vargas.