La Sala Civil anuló una decisión judicial que había validado el pago en bolívares de una deuda de 60.000 dólares y ordenó al deudor cancelar los 55.000 dólares pendientes, conforme a lo establecido en el contrato.
La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) estableció que las obligaciones económicas pactadas expresamente en moneda extranjera deben cumplirse en esa misma divisa cuando las partes hayan acordado que su pago sea exclusivo en dólares, salvo que exista una excepción contemplada en el propio contrato.
El criterio quedó asentado en la sentencia número 501, emitida el pasado 22 de octubre, con ponencia del magistrado Emilio Ramos y la participación de los magistrados José Luis Gutiérrez y Jacqueline del Valle Sosa.
La decisión surgió de un recurso presentado por el abogado Juan Andrés Marcano Cabrera, quien reclamó el pago de 60.000 dólares correspondientes a honorarios profesionales adeudados por Germán Alejandro Mendoza Armán y la sociedad mercantil Constructora Premezclados y Agregados Virgen del Valle C.A.
El origen de la controversia
De acuerdo con la información difundida por el periodista Eligio Rojas, Mendoza Armán reconoció la deuda y suscribió un contrato de pago con el abogado Marcano Cabrera. El acuerdo fue homologado por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil de Miranda el 14 de mayo de 2025.
El documento establecía que los 60.000 dólares debían cancelarse única y exclusivamente en esa moneda, con fecha límite del 30 de septiembre de 2025.
Sin embargo, el deudor realizó dos operaciones para saldar el compromiso: el 11 de julio de ese año consignó 5.000 dólares ante el tribunal y, posteriormente, el 12 de septiembre, transfirió los 55.000 dólares restantes en bolívares, por un monto de 8.741.150,00 bolívares.
El abogado demandante objetó ambas operaciones. Cuestionó la consignación de los primeros 5.000 dólares porque, según alegó, el contrato establecía que el dinero debía depositarse en una cuenta bancaria. También rechazó el pago en bolívares de los 55.000 dólares restantes, debido a que el acuerdo establecía expresamente la cancelación en divisas.
No obstante, el Juzgado Segundo Civil de Miranda declaró sin lugar sus objeciones el 19 de septiembre de 2025 y consideró que el deudor había cumplido con la obligación. Posteriormente, el Juzgado Superior Civil de Miranda confirmó ese criterio y avaló la extinción de la deuda mediante el pago realizado en ambas monedas.
¿Por qué intervino el Tribunal Supremo?
Ante ese resultado, Marcano Cabrera acudió a la Sala Civil del TSJ y denunció que las instancias judiciales de Miranda habían alterado las condiciones de la transacción homologada, al aceptar una modalidad de pago distinta de la acordada entre las partes.
Al examinar el caso, los magistrados determinaron que la controversia se centraba en la validez del pago en bolívares de una obligación de 60.000 dólares cuyo contrato establecía expresamente que debía cumplirse única y exclusivamente en moneda extranjera.
La Sala fundamentó su decisión en el artículo 1.264 del Código Civil, que dispone que las obligaciones deben cumplirse exactamente como fueron contraídas. Este principio impide que el acreedor sea obligado a recibir una prestación diferente de la originalmente convenida.
Asimismo, los magistrados analizaron el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela (BCV), que contempla la posibilidad de pagar en moneda de curso legal las obligaciones pactadas en moneda extranjera, pero reconoce la excepción cuando las partes establecen expresamente una modalidad de pago distinta.
En este caso, la cláusula contractual que exigía cancelar la deuda única y exclusivamente en dólares impedía que el deudor sustituyera unilateralmente esa obligación por un pago en bolívares.
La sentencia señala que la entrega de bolívares realizada por el demandado no tenía efecto liberatorio ni extinguía la obligación pendiente.
TSJ ordenó pagar los 55.000 dólares restantes
En consecuencia, la Sala Civil anuló la decisión del Juzgado Superior Civil de Miranda, al considerar que las instancias judiciales modificaron unilateralmente los términos de la transacción homologada y vulneraron los principios de seguridad jurídica e inmutabilidad de la cosa juzgada.
Finalmente, ordenó a Mendoza Armán cumplir íntegramente el acuerdo judicial mediante el pago de los 55.000 dólares restantes, única y exclusivamente en esa divisa.
El pronunciamiento reafirma la importancia de las condiciones establecidas en los contratos y delimita el alcance de la posibilidad de pagar en bolívares obligaciones originalmente pactadas en moneda extranjera cuando existe una cláusula expresa que exige el cumplimiento exclusivo en divisas.