Carlos Alaimo, presidente de la Organización de Salud La Sagrada Familia, fijó su posición sobre la actuación del Sedemat y del Intendente de Maracaibo, Jean Carlos Martínez, la mañana de este lunes.
Aclaró que: “El cierre es solo del área administrativa, la clínica está asistencialmente abierta”.
“Según el Sedemat, lo que está sucediendo en el centro clínico La Sagrada Familia de Maracaibo, por instrucciones de la Alcaldía es una acción legal, donde se habla que está siendo avalada por el Procurador General del Estado, pero: “Se trata de una institución hospitalaria que está preparada para atender las más altas complejidad quirúrgicas y clínicas en el país. Siendo esta una aberración jurídica, un atropello a la Constitución Nacional, un golpe a los derechos humanos al pretender desalojar pacientes con complejidades médicas a hospitales públicos”.
Explicó Alaimo que: Es preciso informar que la clínica no ha incurrido en irregularidades administrativas. “Hay disparidad de criterios en la parte de fiscal municipal y eso se está ventilando en la administración de justicia. Los abogados señalan que la están amparados en las leyes de la República Bolivariana de Venezuela.
Por ello aspiramos que este impasse se resuelva de la mejor manera apegada a la justicia. ¿Por qué no estar al día con la Alcaldía, si lo estamos con el resto de las obligaciones del Estado como IVSS, Seniat o Política Habitacional, entre otros?”.
Intendencia del SEDEMAT
El intendente de Maracaibo, Jean Carlos Martínez, anunció la tarde este lunes el cierre del área administrativa del Centro Médico La Sagrada Familia, ubicada en el sector Amparo, parroquia Raúl Leoni, debido a varias irregularidades en las finanzas, pago de impuestos y obligaciones fiscales y legales de esa conocida empresa de salud de la capital zuliana.
La autoridad principal del Sistema Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (Sedemat) publicó un video en su cuenta de Instagram en el cual explica la decisión de ese ente adscrito a la Alcaldía de Maracaibo.
La medida sancionatoria también afecta al periódico digital Versión Final, que pertenece al mismo grupo económico y empresarial propietario de La Sagrada Familia.