Representantes de la organización de la sociedad civil CODECOL, en la mañana de este martes 11 de agosto, se trasladaron hasta la oficina principal de Corpoelec en Cabimas para interponer una denuncia formal relacionada con la tutela jurisdiccional efectiva y la deficiente prestación de los servicios públicos de energía eléctrica.
Esta acción fue ejecutada por los abogados Rangel Primera presidente de Vodevil junto a los directores regionales: Débora Aparicio, Deyaritza Navarro, Maritza Fernández y Dervis Gutiérrez.
La representación de Las Codecol instó directamente al Fiscal General de la República y a la Contraloría General de la República a realizar auditorías internas sobre la gestión del servicio, enfatizando la necesidad de esclarecer el destino y funcionamiento de las 52 megaplantas eléctricas que se habían anunciado para el estado Zulia en diciembre de 2025 bajo la gestión del ingeniero Jorge Márquez, así como el estado del proyecto Termozulia.
Entre las principales denuncias formuladas por el vocero destacan el impacto sanitario y pérdidas humanas en medio de intervenciones quirúrgicas en centros asistenciales como el Hospital General de Cabimas debido a cortes imprevistos de electricidad.
Igualmente señalan la afectación al sector económico local: comerciantes minoristas, abastos, carnicerías y supermercados de la Costa Oriental del Lago sufren la pérdida constante de mercancía y el daño o quema de electrodomésticos y equipos de trabajo sin recibir compensación.
Incremento de horas de racionamientos
Los cortes de luz han superado los esquemas de 2 horas para extenderse a periodos de 7, 8 o más horas consecutivas, generando un colapso en la calidad de vida de los habitantes y afectando actividades institucionales e incluso audiencias en los tribunales.
Consecuencias colaterales
Señalaron también el problema del ruido y la contaminación sónica provocada por el uso masivo de plantas eléctricas privadas e inversores como una consecuencia directa de la falta de respuesta oficial.
Crimen de lesa humanidad
La organización concluyó calificando las interrupciones del servicio como un «crimen de lesa humanidad» y un «flagelo social», por lo que exigen la pronta resolución del problema y la transparencia institucional sobre las inversiones energéticas en la región.
Fotos Cortesía
primeraedicioncol