La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) condenan prácticas de violencia institucional en el marco del proceso electoral en Venezuela.
Entre las acciones incluyen represión violenta, detenciones arbitrarias y persecución política. El régimen en el poder está sembrando terror como herramienta para silenciar a la ciudadanía y perpetuar el régimen autoritario oficialista en el poder.
“Venezuela debe cesar las prácticas violatorias de derechos humanos inmediatamente, restablecer el orden democrático y el Estado de derecho”, dice el documento.
Recordaron que el 17 de octubre de 2023, el gobierno de Venezuela y la oposición firmaron el «Acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos los venezolanos» que establecía el compromiso de llevar a cabo elecciones presidenciales pacíficas con observación internacional.
En el documento publicado, la CIDH informó que, en el período preelectoral, “el régimen intensificó prácticas autoritarias para obstruir la participación política mediante un patrón de coerción destinado a desmovilizar a la oposición y a sus posibles simpatizantes. En otras medidas, se impidió la inscripción de candidaturas opositoras, como las de María Corina Machado y Corina Yoris”.
Asimismo, el Estado impuso barreras al voto en el extranjero, y negó la acreditación e ingreso al país de la mayoría de las misiones independientes de observación internacional. Además, intensificó la persecución política, hostigamiento y las detenciones arbitrarias de dirigentes opositores, activistas y periodistas.
En ese contexto, Nicolás Maduro advirtió un «baño de sangre y una guerra civil en el país» si la oposición lograba una victoria electoral. Este anuncio tuvo el objetivo de infundir terror en la población y generar un efecto paralizador de la participación ciudadana en el proceso.
El 28 de julio de 2024 se realizaron las elecciones presidenciales con una mayor participación que en elecciones previas, tanto de votantes como de personas voluntarias que actuaron como testigos de mesa y observadoras.
Después del cierre de las mesas, surgieron denuncias sobre graves irregularidades en la transmisión de las actas electorales para la verificación y el conteo de votos, así como sobre la falta de transparencia y otros obstáculos en el proceso de auditoría ciudadana.
Hasta la fecha, el CNE no ha hecho públicas las actas electorales ni proporcionó la información necesaria para refutar las serias alegaciones de fraude electoral, insistiendo en declarar a Nicolás Maduro como vencedor sin la documentación o datos estadísticos requeridos.
La oposición política recolectó cerca del 80% de las actas a nivel nacional sosteniendo su autenticidad por contar con los correspondientes sellos, firmas y códigos de seguridad. La totalización de esas actas muestra que Edmundo González Urrutia ganó la elección. Además, con el fin de facilitar la verificación independiente de los resultados, publicó copia de las actas en sitios web, que han sido objeto de ataques informáticos.
“Las serias denuncias de irregularidades y fraude electoral han motivado al menos 300 protestas espontáneas en todo el país que movilizaron distintos sectores sociales, en particular habitantes de zonas en situación de pobreza. Las manifestaciones han sido duramente reprimidas por las fuerzas del Estado y por grupos armados no estatales afines al oficialismo, conocidos como «colectivos». La represión ha reflejado patrones ya observados por la CIDH en las protestas de 2014 y 2017: i) uso arbitrario de la fuerza que ha resultado en pérdidas de vidas humanas y personas heridas; ii) detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas; iii) persecución judicial y hostigamiento contra personas percibidas como opositoras y personas voluntarias electorales; iv) censura y restricciones a las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica; y v) obstáculos a la labor de defensa de derechos humanos”, detallaron en el informe la CIDH.
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